Ser periodista se ha convertido para algunos en profesión de alto riesgo, no para los tertulianos que beben de las fuentes del poder y difunden lo que se les “sugiere” desde los cenáculos e imparten doctrina para que los ingenuos o los que tienen impulsos díscolos tengan pautas de interpretación adecuadas.

Pero, para otros constituye un riesgo real (50 han muerto en 2020), pueden ser encarcelados, expulsados e, incluso, ser víctimas en las múltiples guerras sobre las que informar no interese a alguno de los participante en el conflicto.

Además, hay otro perfil de riesgo más sibilino porque a los estados importantes puede afectarles negativamente ante la opinión pública mundial que se conozca determinada  información. Los casos son innumerables pero están candentes los de Julian Assange, Falsiani, Snowden, entre otros, que se han convertido en referente para una parte crítica  de la opinión pública mundial que ha hecho de su denuncia bandera.

El de Assange es espeluznante, pues tras publicar información robada a la Inteligencia  de EEUU, la justicia inglesa ha rechazado su extradición y el fiscal pide para él nada menos que 170 años de prisión.

Las 700.000 noticias que hizo públicas hace diez años describían unos niveles de corrupción y crímenes que sólo por esa decisión de asumir el riego de contribuir a sanear la vida pública es considerado por la opinión pública mundial un héroe. Pero los servicios secretos, lejos de rectificar sus ansias de venganza, le quieren enterrar en vida.

La actitud de la justicia inglesa es miserable pues rechaza su extradición argumentando motivos de salud porque temen que se suicide, aunque realmente es por la presión mundial y para no enfrentarse a los poderes fácticos de USA.

Pero le mantienen en prisión. Como si la misión de los jueces fuese cuidar de la salud de los acusados y no la de impartir justicia.