Es la cuarta vez que los tribunales piden al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que resuelva sobre la apertura de un expediente sancionador a la empresa Petronor por la instalación en 2008 de su planta de coke sin licencia de la Autoridad de Costas.

El Juzgado Central número 8 de la Audiencia Nacional acaba de dictar un auto en el que requiere de nuevo al MITECO para que dicte resolución expresa respecto de la iniciación del expediente sancionador que la Coordinadora Anticoke solicitó hace siete años.

Esa solicitud, rechazada por el Ministerio en su momento, fue sin embargo aceptada por los tribunales en sentencias de 2016 y de 2018, año en que el pleno de la Audiencia Nacional confirmó la primera sentencia, tras un recurso de Petronor.

La Autoridad de Costas nunca otorgó el preceptivo permiso de construcción para la planta de coke. Como es sabido, la construcción o actividad en zonas de Dominio Público marítimo terrestre, como es el caso, deben estar autorizadas, Sin esa autorización y tras el correspondiente expediente sancionador, deben demolerse o suspenderse.

Meatzaldea Bizirik Ekologista Taldea puso de manifiesto y denunció esta falta de autorización desde el año 2009. El tema ha sido ignorado tanto por el Gobierno vasco, que autorizó la planta sin ese esencial requisito, como por el propio Ministerio, que a lo largo de doce largos años ha venido ignorando nuestras peticiones de información, denuncias e incluso solicitudes de reunión.

Ahora, y en el plazo improrrogable de 20 días, deberá abrir ese expediente o resolver fundadamente la razón de su no apertura. De la desobediencia a esta orden del tribunal podrían desprenderse responsabilidades administrativas o incluso penales.

La única respuesta del Ministerio al tribunal, hace aproximadamente un mes, fue que se procedía a iniciar unas “Diligencias Previas”. Pero según la Ley, esas diligencias no tienen otra función que recabar información básica de los hechos. Nosotros consideramos que la demarcación de Costas de Bizkaia cuenta ya con toda la información necesaria para actuar, por lo que solicitábamos al Tribunal que no diese por bueno ese intento, y que simplemente, iniciase ya el expediente sancionador. Ahora, este auto de 23 de noviembre vuelve a darnos la razón.

Consideramos injustificable que la autoridad responsable de la protección de nuestro litoral haya obligado a vecinos y afectados a padecer doce años de pleitos, para que, transcurridos los mismos, ni siquiera proceda a cumplir las órdenes de los jueces. Las obras ilegales ejecutadas en zonas de costa deben autorizarse o demolerse, hablemos de un chiringuito o de una planta de Coke.

Meatzaldea Bizirik continuará trabajando, no importa por cuanto tiempo, en la defensa de la legalidad y del derecho a la salud y a la protección ambiental.