Con el nombramiento de un juez representante español en el TEDH se ha llegado a un impasse que no se sabe cómo acabará, pues el Gobierno español está intentando introducir sus prácticas manipuladoras habituales en la justicia en los tribunales europeos. Quería colocar en un cómodo y prestigioso sillón al que fue presidente del Supremo, De los Cobos, pues fue afiliado al PP. Para ello se requería un trámite que consistía en presentar en su currículo el dominio de idiomas. Informaba que hablaba varios, aunque, argumentó que debía profundizar en el inglés. No se fiaron de él en la presentación, pues al interpelarle en inglés, protestó porque el diálogo no fuera en español. Una vez más el odioso inglés que arruina carreras a los españoles ilustres. Ha sido rechazado. Pero aun está pendiente el segundo varapalo al Gobierno español porque en Estrasburgo no se fían de las recomendaciones hispanas. Finalmente el tribunal ha eligido a Maria Elósegui, catedrática de derecho, miembro de Opus, pues aporta un currículo inmejorable. Pero, lamentablemente falso, pues declara haber sido la redactora del proyecto de ley de la igualdad, aunque lo niegan los diputados que la presentaron y defendieron en Las Cortes.

Los «malvados» periodistas han aportado evidencias irrefutables de ser contraria al matrimonio entre homosexuales. Aportan testimonios de que considera que la homosexualidad «es una enfermedad y una tragedia» que debe ser corregida clínicamente. Ha ocultado en su currículum la participación en un curso de la fundación FAES. A pesar de ello los seleccionadores han aceptado su candidatura como miembro del TEDH. Como es lógico Elósegui al conocer las investigaciones periodísticas se ha defendido, aunque ya se ha provocado una extraña situación, pues al descubrirse que los datos del currículo son falsos se plantean si deberían decidir la revocación de su nombramiento como jueza. Esta es la valiosa aportación de España a la degradación de los tribunales internacionales al introducir prácticas de manipulación de información oficial que conllevaría, además de la anulación del nombramiento de Elósegui tomadas basándose en información falsa, la exigencia de la correspondiente investigación a las autoridades españolas por no garantizar la veracidad de datos oficiales suministrados al citado tribunal internacional. Fuentes del TDEH afirman su hartazgo por las continuas argucias de España para bloquear las múltiples sentencias condenatorias.