La noticia ha conmocionado las estructuras que ampara el Estatuto Vasco, sospechándose que en venganza porque el PNV se ha posicionado en contra de la investidura de Rajoy. Sin embargo, los pacifistas vascos lo consideran una excelente noticia, pues opinan que ello contribuirá a perder el dudoso honor de ser la nación con más fuerzas policiales por kilómetro cuadrado de Europa. Los círculos progresistas esperan que el coste de esos ertzainak anulados se destinará a contratar personal en beneficio del nivel de vida de los vascos. Supondría reducir el número de agentes cuyo objetivo es controlar y vigilar a las masas para mantener el orden público. Su carga en el presupuesto se aplicaría a contratar maestros para potenciar la conciencia ciudadana enseñando educación cívica y respeto a los demás.

Se ampliaría y capacitaría al personal sanitario para atender las necesidades de la población enferma o incapacitada, lo que, al final, constituye una inversión rentable a largo plazo porque se conciencia a la población en valores superiores y se destierra la acción policial tradicional de agentes carentes de preparación psicológica para solucionar conflictos, basándose en el miedo y en la sospecha de que todo individuo sea considerado un potencial delincuente a vigilar preventivamente. De esta manera se elevaría el nivel general de formación en valores de paz y convivencia enfatizando los criterios educativos sobre los represivos. Una sociedad evolucionada y con niveles de formación en todos los campos tan elevada como la vasca no puede soportar ese estigma humillante de ser vigilada por tantos y diferentes cuerpos policiales que tienen a sus fuerzas desplegadas y que, al ser tan numerosos, se estorban entre sí a la hora de querer ocupar el espacio que cada uno de ellos tiene reservado en su cometido de guardar el orden, aunque ello sea de general rechazo por la población que ve que, en cambio, pierde la libertad a la que tiene derecho, sin injerencias ni paternalismo de legiones de agentes sin otra capacitación que la que se deriva de la amenaza y de la parafernalia preventiva de medios desproporcionados que utilizan para disuadir y asegurar lo que los políticos llaman seguridad, cuando realmente es orden público.