El Parlamento Foral aprobó hace unos días una resolución (Geroa Bai, EH Bildu, Podemos, PSN e I-E) apoyando los proyectos de autoorganización y autogestión juvenil «orientados a la construcción de comunidades plurales y diversas», si bien, a la par, rechazó la propuesta apoyada por Podemos-Ahal Dugu y EH Bildu a fin de mostrar su desacuerdo con la «petición judicial de desalojo cautelar» del gaztetxe Maravillas realizada en pleno verano por el Gobierno de Navarra. O sea, un brindis al sol. Se afirman abstractos derechos, pero se persiguen iniciativas concretas que buscan materializar los mismos. En resumen, algo similar a lo que sucede con la Constitución española que afirma el «derecho al trabajo» pero, a continuación, da amparo un arsenal de leyes basura que condenan al paro y a la precariedad a millones de personas.

Como vecino del Casco Viejo me consta que la juventud que gestiona hoy el gaztetxe ha regenerado socialmente un edificio al que un abandono de 20 años había llevado a una deplorable situación. Sus distintos espacios (banco de alimentos, gimnasio, cine, comedor, cantina…) y las actividades impulsadas, lo han convertido en un lugar vivo, participado e integrado en el barrio, en el que muchos jóvenes hallan un espacio con el que se identifican.

El Gobierno de Navarra, que frente a la imposición de la «legalidad» por parte del Gobierno español (recursos a sus leyes, topes presupuestarios, proyectos infraestructurales...), ha planteado siempre el diálogo y la negociación a fin de llegar a acuerdos, niega aquí esta vía por él ensalzada y afirma, como razón principal de su proceder, su sacrosanto derecho a la propiedad del edificio, ya que ningún proyecto concreto se plantea tampoco para el mismo que no sea el de dar continuidad a su no uso y abandono.

La petición hecha por el Gobierno al juzgado para desalojar el gaztetxe enfrenta así la «legalidad» de una propiedad inutilizada propiciatoria del deterioro del edificio, con la «ilegalidad» de una ocupación juvenil que le ha dado vida social. Y en medio, nada. Por eso es preciso abrir vías a un diálogo en el que se expongan no solamente títulos de propiedad, sino propuestas que materialicen ese apoyo a la autoorganización y autogestión juvenil de las que se dice estar a favor. Todo eso, claro está, exige un previo: la inmediata retirada de la solicitud de desalojo por el departamento de Hacienda del Gobierno de Navarra. De lo contrario, el diálogo no sería tal, sino un mero trágala.