En el año 1748, el filósofo francés Charles Louis de Secondat (que posteriormente pasaría a la historia, como Barón de Montesquieu) escribió su obra cumbre: "La ley de leyes", todo un saber y compendio en lo tocante a la separación de poderes, que definía muy claro para la época, lo que debía ser una separación de los poderes de los estados: ejecutivo, legislativo y judicial, sentando así las bases, de las futuras democracias modernas. A Montesquieu le toco vivir en una época en la que la separación de poderes era algo utópico y las monarquías absolutas «reinaban» en Europa. Aquello de la separación de poderes era algo impensable y, tal vez, lo que le decidió a escribir la citada obra. Volviendo a nuestros modernos tiempos, para ver lo que nos «toca» cerca, nuestra justicia, nuestras leyes, esos poderes que tan sabiamente nos definió y que, con franqueza, no hay por donde «agarrarlo». Será preciso recordar de nuevo que, el poder de judicial del estado, lleva más de cuatro años caducado, junto con otros jueces del tribunal constitucional (garante, se supone, de las leyes) con sus cargos también caducados. Con una clase política, incapaz de ponerse de acuerdo, para renovar el máximo órgano de los jueces y cumplir la ley (que dicen respetar) Con un poder legislativo (poder del pueblo) que, en el ejercicio legítimo de sus deberes, intenta guste o no, hacer el trabajo para el cual fueron elegidos (mayoría se llama). Después elaboradas y aprobadas esas leyes, seria cuando, un poder judicial totalmente legitimado, pudiera enmendar o rechazar, entonces y solo entonces, aquello que se ha sometido a su juicio. Recomendaría encarecidamente la lectura de «la ley de leyes» a esos políticos, a dichos jueces, con la toga y forro.