La RGI tenía que ser una moneda de curso legal por el valor que tenga en euros, y las cantidades de dinero público mal gastadas o defraudadas tenían que ser dadas con esa «moneda». Sobre todo para esas personas que solo se escandalizan cuando se nombran esas pocas «Rentas de Garantías de Ingresos» cobradas fraudulentamente; y que, sin embargo, no lo hacen, por indiferencia o cobardía, cuando otros delitos monetarios son inmensamente, infinitamente mayores y cometidos por grandes empresas, poderosas instituciones o por el mundo corrupto de la política. Para que fueran conscientes de la gran cantidad de millones que se pierden, y su enfado justificado fuera proporcional y no ridículo, como lo es hacerlo con los eslabones más débiles de la sociedad.