En este país especialmente hemos asistido a requerimientos y también procesamientos judiciales a causa de la negativa a exhibir en edificios públicos la bandera española y colocar la ikurriña en solitario e incluso acompañada de la primera. Esos atropellos han sido justificados por el unionismo español argumentando que las cuestiones identitarias no interesan a la sociedad y se debe priorizar la búsqueda de soluciones a los problemas de la ciudanía. Con ese razonamiento pretenden dar por lógico el absurdo de que negarse a colocar una bandera que la mayoría de una población rechaza es cuestión identitaria y obligar a ponerla no. Dicha argumentación, en todo caso, lleva a otro absurdo, que cualquiera de las dos posturas conlleva el abandono de la preocupación por los problemas de la ciudadanía.

Curiosamente, las fuerzas políticas que rechazan el «debate identitario» coinciden en su principal motivo de cara a las elecciones estatales del 20 de diciembre: «la indivisibilidad de España». Los partidos que aspiran a gobernar en Madrid, incluido Podemos, han dejado claro que participan en la competición por erigirse en el mejor garante de esa unidad. Y todos lo reiteraron vehementemente ayer, al día siguiente de la declaración de inicio de constitución de la república catalana. Difieren en las formas de presentar su defensa de la «unidad de España», unos desde el inmovilismo y otros desde la propuesta de evolución «en sentido federal», todos en busca del voto.  

Sus propuestas son legítimas, siempre y cuando no excluyan la posibilidad de materialización de otras y tengan en cuenta que quien ha de determinar el estatus que corresponde a una comunidad, su nivel de autonomía, la posibilidad de federarse, confederarse o independizarse es ella misma. Quienes denuestan cualquier propuesta independentista por centrarse en «el debate identitario» y no en el de «los problemas de los ciudadanos» parecen haberse decidido por el primero en detrimento del segundo.