Al menos 68 personas murieron ayer en la provincia de Toledo, en uno de los peores accidentes ferroviarios ocurridos en Europa en los últimos años. Un tren de Renfe chocó contra otro de la compañía privada Iryo, que estaba parado en la línea de alta velocidad que cubre el trayecto entre Madrid y Sevilla. Aunque durante el día de ayer circularon ya muchas hipótesis y explicaciones sobre lo que pudo ocurrir, lo más prudente al cierre de esta edición es mantener la cautela y esperar a que se establezcan de forma fiable las causas del accidente.

Esto no implica negar la dimensión de la tragedia ni renunciar a situarla en su contexto. 2026 se recordará como un año catastrófico para Adif, el administrador de las infraestructuras ferroviarias en el Estado español. Porque, por desgracia, llueve sobre mojado. El 18 de enero, en otro accidente en la misma línea de alta velocidad, murieron 46 personas. A esa catástrofe se suma la de Gelida, en Barcelona, donde murió un maquinista en prácticas, e infinidad de incidentes en toda la red, también en Hego Euskal Herria. Las fatalidades ocurren, pero los problemas existían antes del accidente de ayer. Por ello, además de aclarar de forma inequívoca lo ocurrido en este accidente concreto, también es importante realizar análisis más profundos sobre las decisiones que el Estado español, tanto con el PSOE como con el PP al frente del Gobierno, ha tomado en materia ferroviaria durante las últimas décadas, desde la apuesta económicamente insostenible por la alta velocidad –compartida aquí entusiastamente por el PNV– a la liberalización de las líneas durante el último lustro.

Tampoco es posible abstraerse del calendario. El accidente ha ocurrido a un mes de las elecciones estatales y ha cambiado la conversación pública. Esto puede favorecer a la derecha, que haría bien en recuperar cierto pudor y disimular la alegría, en primer lugar, por respeto a los muertos, y en segundo, porque es corresponsable de un modelo ferroviario que hace aguas. La tragedia pone seriamente en cuestión la gestión gubernamental, pero pensar que un gobierno de PP y Vox va a reforzar infraestructuras públicas es un delirio.