El conflicto entre un grupo relevante de ertzainas y el Gobierno de Lakua está viviendo una peligrosa escalada. Lo que comenzó como una estrategia negociadora en el ámbito sociolaboral se está encaminando hacia una crisis institucional. A las caravanas para bloquear el tráfico en las capitales le siguió una concentración delante del Parlamento de Gasteiz, en la que los uniformados encargados de vigilar la protesta no solo permitieron que se incumplieran las normas, sino que terminaron aplaudiendo a sus colegas. Hoy se volverán a manifestar bajo el lema “Ertzainas en lucha”. Antes, el autodenominado movimiento asindical amenazó a las centrales sindicales con «destruirlas» si no se sumaban a su estrategia. Logró que, salvo ELA, todas ellas cediesen a esa pretensión. La amenaza de boicotear la salida del Tour en Euskal Herria sigue siendo su principal argumento.

Ante estas manifestaciones, el pasado domingo el lehendakari Iñigo Urkullu advirtió en la Academia de Arkaute que la Ertzaintza no «puede permitirse el lujo de perder el respeto de la sociedad». El jefe de la Policía, Josu Bujanda, afirmó que antes una parte del país cuestionaba el modelo policial y les llamaban «cipayos», pero que ahora ese riesgo «lo tenemos dentro». Son declaraciones excepcionales que muestran la gravedad de la crisis institucional.

Que en la Ertzaintza había un problema muy serio de falta de cultura democrática estaba claro desde hace mucho tiempo. El informe sobre torturas del Gobierno de Lakua verificó 336 casos de tortura y ni una sola condena. Las taras de la doctrina contrainsurgente desarrollada durante los años más duros del conflicto quedaron al descubierto en la muerte de Iñigo Cabacas. Que el modelo de relaciones sociolaborales había degenerado en un litigio constante, en presiones inaceptables y en un esquema de extorsión también se sabía. A esto se le suma una estrategia de la ultraderecha a nivel global.

Dejar atrás el negacionismo de esos problemas endémicos es un punto de partida. A partir de ahí, ha de haber un acuerdo político general para no aceptar el chantaje. Aun así, sin una reconversión profunda este cuerpo no tiene solución.