El pasado sábado saltó a los medios la noticia de una investigación desarrollada por la Ertzaintza desde principios de octubre sobre una presunta red de prostitución de menores tutelados por la Diputación de Araba. En medio de la hasta cierto punto lógica nebulosa que acompaña al caso, debido al secreto de sumario y a la protección especial que corresponde a los menores, no es sencillo sacar nada en claro. Se sabe que varios adultos han sido arrestados para prestar declaración, uno de los cuales está en prisión (un sicólogo que había trabajado para la Diputación y que ahora prestaba sus servicios al Ayuntamiento de Gasteiz). Se sabe también que fueron al menos nueve chicos y chicas de entre 14 y 17 años los que presuntamente se prostituyeron, y que un trabajador del centro Sansoheta, epicentro del escándalo, ha sido apartado de sus funciones. Además de este centro, otro está también bajo la lupa de los investigadores, y declaraciones como la del fiscal superior de la CAV, Juan Calparsoro, dan a entender que podrían ser más.  

Hay muchas más preguntas que respuestas. ¿Cómo funcionaba la trama? ¿Con qué clientes? ¿Dónde? ¿En qué grado de aceptación o sumisión actuaban esos menores? Y sobre todo: ¿Podía la Diputación haber hecho algo más? Las primeras respuestas están en manos del juez. La última, sin embargo, corresponde a la institución pública. Sobre todo teniendo en cuenta que algunas informaciones sugieren que, efectivamente, cabía hacer más: los menores habrían usado los recursos del centro para negociar con los clientes, y una primera denuncia, que se presentó en abril, «no llegó a ningún lado» según el propio diputado general, Ramiro González. Lo más grave en este punto no es que las víctimas sean menores, sino que son personas vulnerables bajo tutela de la Diputación. Es obvio que algo no ha funcionado en el Instituto de Bienestar Social. Toca aclararlo, depurar responsabilidades y sobre todo, establecer las garantías necesarias para que no se repita.