La tentación de reducir cualquier suceso violento en Euskal Herria a parámetros siquiátricos es muy antigua y socorrida. El ministro de Interior español, Jorge Fernández Díaz, echó mano ayer de ella para situar lo ocurrido en la madrugada del sábado en Altsasu como una consecuencia de «la patología social y el odio al que nos debemos enfrentar».

Sería fácil, demasiado fácil, responder a Fernández Díaz situando el debate en los mismos términos. Y preguntarse en consecuencia cuál es la enfermedad que llevó a cometer los 1.589 actos de tortura atribuidos a la Guardia Civil en el informe del Gobierno de Lakua, o qué sicopatía subyacía tras el secuestro, torturas y muerte de Joxean Lasa y Joxi Zabala hace justo ahora 33 años por parte de agentes y mandos de este cuerpo. Obviamente, la realidad no es tan simplista como esa declaración del ministro, no se reduce a una película de buenos y malos, ni es explicable mediante un relato de héroes frente a desequilibrados .

De un responsable político, además, cabe esperar análisis políticos, no seudomédicos. Pasara lo que pasara esa noche en la capital de Sakana, fuera una mera bronca de bar o un altercado con trasfondo político –algo que quizás el tiempo y el sosiego mediático aclaren–, resulta innegable que entre la Guardia Civil y amplios sectores de la población de ese valle existe un conflicto de convivencia. Ese caldo de cultivo se engorda con la decisión de mantener grandes contingentes armados que en su día se justificaron por la acción armada de ETA pero siguen intactos cinco años después. A esta apuesta no es precisamente ajeno Fernández Díaz. Al contrario, lleva su firma; se ha jactado de ella en la apertura del innecesario cuartel de Fitero o en eslóganes como «la Guardia Civil nunca se irá del País Vasco y Navarra». Y esto no ocurre las 5.00 de la mañana en el calor de un bar; lo hacen de día y en sus despachos responsables gubernamentales sin la cabeza fría exigible para solucionar tensiones en vez de agravarlas.