La larga lucha de las personas afectadas por el amianto para que sea reconocida la problemática derivada del contacto con este mineral de efectos letales para la salud recibió ayer una primera restitución, con la exigencia unánime de los partidos representados en el Parlamento de Gasteiz de crear un fondo de compensación estatal. Superado este primer trámite, la proposición de ley pasará ahora al Congreso español, que es donde en última instancia debe ponerse en marcha este mecanismo. En cualquier caso, es un primer paso de gran peso simbólico en tanto en cuanto supone dar reconocimiento público a un problema que afecta a cientos de personas.

Los casos de enfermedad y fallecimiento por causas derivadas del amianto han proliferado en los últimos años. Los datos presentados para solicitar la creación de un fondo de compensación apuntan a 241 fallecimientos vinculados con este mineral solamente en la CAV. Cifra que, lamentablemente, se prevé que vaya en aumento debido a que las enfermedades suelen manifestarse entre 20 y 40 años después de entrar en contacto con el amianto. El problema es grave dado que sus efectos van más allá de quienes han trabajado con este material, muy utilizado en la construcción y la industria hasta que fue ilegalizado en 2001, afectando también a su entorno más cercano.

A la espera de ver en qué deriva la demanda de la Cámara de Gasteiz, existe en esta cuestión una importante reflexión de fondo sobre la necesidad de mejorar la seguridad en el trabajo. El hecho de que cientos de trabajadores estén siendo diagnosticados de graves enfermedades por la falta de medidas preventivas durante su actividad profesional y la desinformación que hasta hace poco ha existido al respecto pone en evidencia la urgencia de desarrollar mecanismos que garanticen la seguridad, mejorar las herramientas existentes y cumplir escrupulosamente con la normativa. Lo contrario sería seguir jugando con la salud de las generaciones presentes y futuras.