Las elecciones que mañana se celebrarán en Birmania son supuestamente democráticas por el único hecho de que los electores acudirán a las urnas. Quienes puedan hacerlo, ya que a varios millones de ciudadanos se les niega ese derecho, entre ellos a la minoría rohingya, que ni siquiera ostenta la ciudadanía birmana. Por primera vez desde 1990, la oposición liderada por Aung San Suu Kyi aspira a desbancar al partido del Ejército; sin embargo, si entonces los militares anularon la victoria de la entonces candidata Suu Kyi, ahora la dificultad de hacerse con la victoria reside en la Constitución redactada por la Junta Militar –uno de cuyos artículos prohíbe a Suu Kyi optar a la presidencia–, que dispone la adjudicación del 25% de los escaños a los militares y cuya reforma debería sortear el derecho de veto de estos.

En la «democrática» situación de Birmania concurren, además, otros factores como la corrupción; el enfrentamiento religioso, caracterizado por la enorme influencia de ciertos grupos budistas y la persecución de los musulmanes, o los conflictos armados con las minorías étnicas. En lo que a estos respecta, el Gobierno firmó recientemente un acuerdo de paz con algunas guerrillas, pero intensificó su hostigamiento a otras, traducido en civiles muertos, torturas masivas, abusos sexuales y expropiaciones.

En esas condiciones, ciertamente, resulta más que excesivo calificar como libres las elecciones del domingo. Como resulta sencillamente falso afirmar que tras casi medio siglo de dictaduras militares fue instaurada una democracia por los gobernantes de entonces y ahora, quienes han ido maniobrando para perpetuarse en el poder. La líder de la oposición asegura que estas elecciones supondrán un paso hacia la democratización; sin embargo, además de todas esas circunstancias, su actitud para con las minorías más castigadas o su acercamiento a los militares suscitan no pocas dudas entre muchos de quienes en su día la vieron como la gran esperanza.