Chile era, según los medios dominantes, un oasis de paz y estabilidad en América Latina. Sus virtudes eran aparentemente excelsas, progresaba a paso de gigante, era la envidia de todo el hemisferio. A imagen y semejanza de lo que siempre se vendió como «ejemplo español», se consideraba a la nación austral como un paradigma de transición de la dictadura a la democracia, de un modelo económico intervencionista a otro de fundamentalismo de mercado. Al fin y al cabo, los pilares neoliberales de Pinochet quedaron intactos, preservados por los gobiernos del ciclo democrático.

Pero las heridas siguieron abiertas. La extensión e intensidad de la revuelta popular que se vive en Chile, que venía precedida por oleadas de malestar expresadas en el pasado por el movimiento estudiantil y el pueblo mapuche, han demostrado que debajo de la cáscara de la normalidad y de un desarrollo económico engañoso, el sentimiento de agravio era muy real. El descontento era invisibilizado por unos medios y una clase política que se creían inmunes a las turbulencias que han ocurrido recientemente en otras naciones latinoamericanas. Pero la combinación de una democracia totalmente deslegitimada y un libre mercado sin frenos, que prácticamente ha privatizado la salud, las pensiones y la educación hasta convertir el país en el más desigual y el que más deuda por hogar tiene aquella región, han desencadenado la explosión social.

No es la tarifa del metro que el multimillonario presidente Sebastián Piñera quería incrementar en 30 pesos la que ha encendido la revuelta que ha paralizado el país. Son los 30 años de ese modelo tan injusto y depredador y una cultura resistente que muchos creían que había muerto con Allende. Piñera ha tirado de manual y ha declarado que «estamos en guerra contra un enemigo poderoso que está dispuesto a utilizar la violencia sin ningún límite». Nada se arreglará echando gasolina al fuego, denostando las preocupaciones de la gente, tratándola de criminal.