Miles de jóvenes se encuentran hoy  en una situación de impasse; sin oportunidades para acceder al mundo laboral ni para desarrollar una carrera académica. Según el informe publicado la pasada semana por la OCDE, la cifra de jóvenes que ni estudian ni trabajan asciende a 40 millones en sus países miembro. Los llamados ninis, a menudo en tono despectivo aunque su situación no sea precisamente voluntaria, han pasado de ser un sector minoritario antes de que estallara la crisis a percibirse con cierta normalidad frente al creciente desempleo. Los datos, sin embargo, no dan opción para el acomodo ante más de un 12% de jóvenes en Hego Euskal Herria que ni estudia ni trabaja.

Con estos números en la mano, suele darse la peligrosa tentación de mirar siempre a quienes peor situación padecen. En el caso del Estado español, la tasa de jóvenes que ni estudia ni trabaja (22,7%) casi duplica a la de Hego Euskal Herria, lo cual refleja la profunda crisis en la que está inmerso. Sin embargo, conformarse con una mejor posición en comparación con aquellos que están a la cola y con pocos visos de mejorar no es una postura deseable para un país que quiera progresar. El consuelo de situarse en clara ventaja respecto a Madrid y por debajo de la media de la OCDE y la UE no es óbice para observar que hay estados, principalmente en el norte de Europa, con resultados claramente mejores.

Los parámetros en los que un país se mueve para evaluar su desarrollo así como las aspiraciones que se fija no pueden limitarse al conformismo, sino a hacer brotar lo mejor de su comunidad. En este punto, atender a esos miles de jóvenes que no tienen oportunidad ni medios para desarrollar un proyecto de vida es una responsabilidad ineludible. Los mimbres para construir una sociedad mejor están también en ellos y condenarlos al ostracismo no es una opción de futuro.