El Gobierno de Iñigo Urkullu, haciendo uso de las prerrogativas que le otorga la legislación, vetó el tramite de una proposición de ley presentada por EH Bildu que tenía por objeto la creación de un centro de estudios de opinión independiente que sustituiría al actual Gabinete de Prospección Sociológica adscrito a Lehendakaritza. La propuesta recogía el espíritu de una declaración del Parlamento que, a propuesta del PSE y aprobada por unanimidad en 2007, pedía que se regulara por ley la actividad del Gabinete para adecuarlo a los estándares europeos y garantizar así su independencia, objetividad y neutralidad. Ya entonces las fuerzas políticas apuntaban de manera precisa las debilidades que afectan a la actividad demoscópica institucional.

Sin embargo, nada se ha hecho desde entonces, ni este Ejecutivo quiere que se haga en adelante. El Gobierno de Lakua dice que el actual Gabinete ya realiza una labor informativa a la sociedad. Curioso, porque el objetivo declarado del mismo es informar a Lehendakaritza sobre la sociedad, no al revés. Posiblemente el Gobierno tenía en mente la otra acepción del verbo informar, la de dar forma. Y es que por muchas cautelas que se pongan, las prospecciones sociológicas sirven, sobre todo, para conformar la opinión de la sociedad: desde lo que se pregunta, pasando por las cuestiones que se omiten, el modo en que se interroga, la forma en que se organizan los resultados y hasta el estilo en que se trasmiten sus conclusiones, todo tiene un efecto en la percepción de la ciudadanía y sirve para moldear en uno u otro sentido sus opiniones.

De la mano de uno de sus hombres de confianza, Manu Castilla, este instrumento demoscópico permanecerá bajo el control directo del lehendakari. Otras instituciones y entes públicos –por ejemplo EiTB y su Focus–, están constantemente realizando este tipo de estudios. Los sondeos y encuestas son un instrumento político de primera magnitud y, tristemente, así se afina una maquinaria electoral tan sofisticada. La negativa de Lakua a permitir una gestión más autónoma de estos estudios supone un uso partidista de los recursos públicos y demuestra poco respeto al fair-play democrático.