Ayer los agentes de la Ertzaintza imputados por la muerte de Iñigo Cabacas concedieron una entrevista para denunciar, por una parte, que la persona que efectuó el disparo mortal no se encuentra entre los imputados por la jueza; y por otra parte, desvelaron que existe un «pacto de silencio» entre el resto de agentes para ocultar lo que ocurrió. En resumen, explicaron que ellos no fueron los culpables y que les han dejado a los pies de los caballos.

La entrevista de estos tres agentes se enmarca en un contexto caracterizado por dos hechos: las declaraciones se realizan precisamente unos días antes de que la jueza tenga que decidir –a consecuencia de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal– si da por terminada la instrucción o declara la «complejidad de la causa» que alargaría el proceso. Y unos días después de hacerse pública una sentencia de la Audiencia de Barcelona –en el caso de Ester Quintana, que perdió un ojo a causa de un proyectil lanzado por los Mossos d’Escuadra– que reconoce la responsabilidad de la policía catalana, pero que absuelve a los dos agentes acusados de ordenar y lanzar el proyectil al no poder demostrar quién efectuó el disparo, y por tanto al considerar que no se puede individualizar la responsabilidad penal. Las declaraciones a la prensa de los imputados por la muerte de Iñigo Cabacas probablemente siembren más dudas, diluyendo así todavía más las responsabilidades a fin de que puedan llegar a un desenlace similar al de Barcelona, donde se condena a la institución policial, pero se absuelve a los funcionarios.

Sea de ello lo que fuere, lo cierto es que la denuncia muestra la impunidad que acompaña muchas veces a las actuaciones policiales, que no se circunscribe únicamente al corporativismo de los agentes, sino que involucra asimismo a los responsables políticos, en tanto en cuanto no realizan ningún esfuerzo por esclarecer los hechos. Flaco favor a una policía democrática y, sobre todo, a la justicia.