El Gobierno español ha vuelto a rechazar el reconocimiento oficial de Miguel Etxeberria Alvarez ‘Naparra’ como «víctima del terrorismo», lo que la familia denunció ayer como una nueva revictimización. El ministerio de Interior ha reproducido los argumentos esgrimidos ya en 2008 y 2013, obviando que, desde 2014, el militante vasco está reconocido como víctima de desaparición forzada por la ONU, que hay informes de la Cátedra de Derechos Humanos de EHU y del Gobierno de Lakua que así lo corroboran y que hasta el Centro Memorial lo incluyó como «víctima del terrorismo» en una exposición, si bien lo hizo en un burdo intento de implicar a ETA en un secuestro que el Batallón Vasco Español (BVE) reivindicó en tres ocasiones. 

Pese a todo ello, el ministerio alega que «no se puede determinar la relación de causalidad necesaria y suficiente entre la desaparición y fallecimiento y un hecho de naturaleza terrorista». En contra de todas las evidencias, nuevas y antiguas, va más allá y llega a poner en cuestión que «hubiera sido objeto de asesinato o que existieran indicios de participación de persona alguna en dicha desaparición».

El hermano de ‘Naparra’, Eneko Etxeberria, estuvo ayer acompañado por Pilar Garaialde, de Egiari Zor, y Agus Hernán, de GEBehatokia, que pidieron la «revisión inmediata» de la decisión y una «disculpa pública a la familia», que lleva 46 años buscando la verdad y el reconocimiento de lo ocurrido a su allegado. Que el problema es político y un caso claro de discriminación lo muestra el contraejemplo de los tres trabajadores gallegos desaparecidos en 1973, en una acción atribuida a ETA que la organización no negó en su última entrevista. Han sido reconocidos como víctimas, como se entiende que debe ser. La pregunta es por qué es tan difícil que ocurra lo mismo con ‘Naparra’. La respuesta es conocida, pero quince años después de la Conferencia de Aiete, no tiene un pase. La decisión debe ser revisada inmediatamente, los archivos que puedan aclarar lo ocurrido deben ser abiertos y, mientras tanto, las instituciones que puedan restaurar parte del daño, como el Gobierno navarro, debe hacer su parte.