El apoyo, o al menos justificación, dado el martes por el Gobierno de Lakua a la apuesta estatal por el «fin policial» de ETA reviste tremenda gravedad. Aunque ayer el mismo portavoz del Ejecutivo que habló la víspera, Josu Erkoreka, hiciera una clara matización, la duda queda ahí, dado que hay una nota oficial al respecto, negro sobre blanco, pero sobre todo porque una y otra vez asume ese relato parcial y peligroso.

Hablemos claro. El propósito del Ejecutivo español es reducir la opción histórica de sellar definitivamente un grave conflicto armado de décadas, con más de mil muertes, a una chapuza imposible de homologar en términos internacionales y de validar desde el mero sentido común. Su mayor símbolo serían zulos llenos de armas y una peligrosa herida abierta. Lo hace, claro está, por sus intereses propios. El Estado al completo necesita recrear la ficción de que esa confrontación armada perdura de algún modo para, por un lado, bloquear el proceso político posterior y, por otro, ejecutar una venganza que se plasma en cárcel con políticas de excepción añadidas, macrojuicios persistentes, vetos al reconocimiento de parte de la verdad de lo ocurrido en este país... Si Lakua realmente da cobertura a eso, no solo contribuye a dilatar el proceso de solución política pendiente, sino que además colabora en la venganza. Como escenario, un final policial supondría alargar injustamente la prisión a cientos de personas y un limbo para cientos de refugiados vascos, mantener grados de represión sin parangón en esta parte del mundo y eternizar el terrible daño de este último cuarto de siglo a miles de familias (daño innegable y tremendamente injusto, como suele apostillar el Gobierno de Urkullu en otros casos).

¿De verdad está Lakua dispuesto a asumir esa responsabilidad? ¿Incluso a reinvidicarla expresamente, algo que no se atrevió a hacer el PNV cuando colaboró en implantar la dispersión? ¿Piensa que sobre esas bases es viable un país en convivencia y reconciliado? Debería aclararlo ya.