Se mire por donde se mire, la situación de los y las presas vascas demanda una resolución rápida, eficaz y justa, basada en los derechos humanos, en una concepción de la justicia que no sea sinónimo de venganza, que favorezca la convivencia y abone una cultura democrática. Una multitud volvió a llenar las calles de Bilbo para defender que se debe terminar de una vez por todas con la excepcionalidad jurídica, lo que supone el excarcelamiento progresivo y ágil de todas las personas que siguen atadas a la prisión por razones políticas. A esa demanda social no la para nada.

Una agenda despiadada y extemporánea

Los importantes avances de los últimos años han generado alivio social y la sensación de que la solución está encaminada. Es cierto, en parte. No obstante, hay inercias de la política de excepción que no se han desactivado. Por un lado, se silencia esta realidad, se menosprecian sus consecuencias lesivas y se niegan sus causas –cuando si no fuesen políticas, semejante parcialidad sería insostenible–. Al mismo tiempo, se alimentan lógicas crueles, con grupos dedicados a ejercer presión para que se mantengan dichas políticas.

Los datos no engañan. Indican que hay pasos urgentes que dar. Por culpa de la ley 7/2003, ideada por los represores del PP de José María Aznar, los presos vascos siguen encontrando dificultades para acceder a la libertad condicional. En la actualidad, solo 29 lo han conseguido, mientras que los otros 105 continúan en prisión bajo diferentes condiciones. Esa norma es el ejemplo paradigmático de legislaciones que se aprobaron con el argumento de la excepcionalidad y que siguen vigentes pese al cambio de contexto.

Junto con el fin del alejamiento, otro de los grandes avances de este periodo ha sido eliminar el primer grado, que durante décadas era común hasta que los presos salían a la calle. Sin embargo, en contra de lo que establece la ley, son 60 las y los presos que continúan atrapados sin razón en el segundo grado. 44 no tienen por ahora opción de pisar la calle. La mitad ya ha superado los 25 años de prisión.

Precisamente, es totalmente excepcional en el Estado español que alguien pase más de 20 años en prisión, pero sigue siendo habitual en este colectivo. Uno de estos presos lleva más de 35 años en prisión; otras 21 personas llevan entre 25 y 29 años encarceladas; 44 más, entre 20 y 24; y 27, entre 15 y 19.

Las condenas eternas influyen de manera determinante en la edad, con una treintena de presos y presas por encima de los 60 años, e incluso con dos por encima de los 70 y otro que es mayor de 75.  
Son situaciones humanamente injustificables, si no se apela al espíritu de venganza, tan español.

Una posición ética, de liderazgo y sensatez

La prolongación de las condenas, los obstáculos en materia de progresión de grado o la edad de las personas presas no guardan un sentido de justicia ni coherencia con la realidad sociopolítica vasca. Todo ello afecta a los derechos humanos, dificulta la convivencia y condiciona el desarrollo político del país.

Esa política es una rémora y su resaca sostenida una hipoteca que no debería perseguir a las siguientes generaciones de vascos y vascas. Por eso, liderazgo es no mirar para otro lado y hacer todo lo posible para levantar esta hipoteca. En este ámbito, la audacia de Jean-René Etchegaray interpela a los otros lehendakaris, Imanol Pradales y María Chivite.

Por poner un ejemplo gráfico, es incomprensible la negativa a reconocer el carácter de víctima a las 16 personas que murieron viajando para ver a sus familiares, cuando la dispersión era política de Estado. Al final, esas personas serán reconocidas. Es mejor estar desde ya en esa posición, porque nunca es demasiado pronto para hacer lo correcto, lo justo y lo inteligente.