Conviene matizarlo de entrada. La Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución española no es una panacea para reunificar los territorios vascos, ni siquiera una vía pasable en términos dialécticos (¿por qué se tendría que «incorporar» Nafarroa a la CAV y no crear un estatus nuevo de modo conjunto?). Su inclusión a última hora fue la manera de dejar un resquicio abierto a la decisión ciudadana, ante la constatación de que se llevaba a cabo una partición territorial impuesta por intereses políticos y ejecutada bajo ruido de sables militares. Siendo cierto todo esto, también lo es que se trata de la única vía legal existente en la Constitución que en cierto modo concede derecho a decidir a la ciudadanía navarra en particular y vasca en general. Y eso tiene su valor extra si se recuerda que Nafarroa es la única comunidad a la que, por si acaso, nunca se le ha consultado sobre su estatuto, el Amejoramiento.

No hay gran novedad política en que Mariano Rajoy amenace con la supresión de la Transitoria Cuarta. Tampoco en que UPN lo aplauda con fervor. Ambos estaban retratados ya como antidemócratas por esta historia reciente, y en Nafarroa más que en ningún sitio. Si acaso, la nueva andanada confirma su temor y su debilidad crecientes, en un panorama estatal marcado por el proceso soberanista catalán, pero también por el cambio navarro.

El compromiso explicitado ayer al firmarse el acuerdo electoral UPN-PP tiene una derivada más sibilina y con la que conviene estar alerta. Como ocurre con la CAV con la campaña contra el Concierto, la amenaza en Nafarroa a la Transitoria Cuarta conlleva un mismo espíritu de mantener a los soberanistas vascos en posiciones defensivas. Se trata de hacerles creer que la encrucijada consiste en seguir con lo que hay o retroceder. Es mentira. Tanto la mayoría ciudadana como la coyuntura externa marcan otro campo de juego: seguir con lo que hay o avanzar. Ni Iñigo Urkullu ni Uxue Barkos deberían perder esta perspectiva.