El Vaticano acoge desde ayer una cumbre en la que los presidentes de todas las Conferencias Episcopales del mundo van a abordar junto al Papa Francisco los abusos sexuales cometidos por sacerdotes y religiosos. Agresiones que sólo en las últimas décadas –es imposible hacer balance de siglos de existencia– han causado decenas de miles de víctimas, la mayoría menores de edad. Se trata de una cita sin precedentes, histórica, con la que la Iglesia católica busca mostrar propósito de enmienda, pero está por ver si sus conclusiones también son merecedoras de ese calificativo, ya que los precedentes no juegan a favor de los convocantes.

Es verdad que en los últimos años altos representantes de la jerarquía eclesiástica han admitido el mal causado durante mucho tiempo a niños y niñas inermes, a familias enteras, por parte de aquellos en quienes habían depositado toda su confianza. Casos que habían sido sepultados por el olvido han ido aflorando poco a poco, y con ellos han llegado las confesiones. Pero estas no pueden o no deben ser consecuencia de saberse atrapados entre la espada de la opinión pública y la pared de su propia actitud, tendente siempre a ocultar, menospreciar y silenciar esos abusos. La propia Iglesia predica que la confesión y el arrepentimiento tienen que ser sinceros si quieren ser tenidos en cuenta, y hasta el momento todas sus actuaciones han ido dirigidas a preservar la institución y a salvar su reputación, más que a suturar las profundas heridas causadas.

No hay contrición sin sinceridad, y tampoco habrá comprensión social sin actuaciones destinadas no sólo a desterrar estas prácticas sino también a erradicar toda una cultura de oscurantismo y complicidad instalada en todos los estratos de esa institución. Francisco inició el cónclave con un discurso en el que asumía que la Iglesia debe acometer «medidas concretas y efectivas», y estas pasan por mantener una actitud proactiva ante los abusos y poner a sus autores a disposición de la Justicia. La terrenal, por supuesto.