El caso de Euskaltel es un ejemplo paradigmático de los efectos de la privatización, de la deriva del modelo de cooperación público-privado y de lo que supone la dejación de soberanía en sectores tan importantes como el tecnológico. Ahora, a pesar de que tras sucesivas compras y fusiones su negocio es muy rentable, MásOrange aduce «duplicidades organizativas» y ha presentado un ERE que afectará a un 14% de la plantilla.

Pero es que los y las trabajadoras de Euskaltel son ya menos de la mitad de los que eran hace tan solo una década. Progresivamente, se ha desmantelado y deslocalizado la empresa que primero fundaron y luego malvendieron las instituciones vascas.  

Historia triste

En 1992 el Gobierno de Gasteiz, a través de una sociedad pública para la gestión de las telecomunicaciones, Euskalnet, montó una red de comunicación de datos mediante fibra óptica. Una gran inversión pública para situar al país en la revolución digital.

La infraestructura se acompañó de una estrategia comercial en el sector de la telefonía móvil, internet y TV. Hace casi treinta años, en 1995, se funda Euskaltel con el 100% del capital público: el 40% del Gobierno de Lakua y el 60% repartido entre las cajas de ahorro. Un proyecto con visión estratégica que, sin embargo, desde el inicio fue un nodo más de la red clientelar del autonomismo. En pocas empresas ha habido tan poca vergüenza como en esta para colocar, con y sin méritos, a amigos del partido gobernante.

Tras la crisis de 2008, los procesos de privatización se aceleran y Euskaltel no es una excepción. En 2012 entra capital privado, aparecen los fondos y los buitres, y con la salida a Bolsa la especulación se convierte en el eje del negocio. Pronto se pierde el control público. Se vende la red a un precio ridículo.  

Desde Lakua se defienden estas operaciones y se pactan condiciones que no se cumplen, tanto sobre el arraigo, como sobre las inversiones y el empleo. En medio se privatiza Kutxabank, perdiendo mecanismos de control e inversión en todos los sectores.

Los instrumentos institucionales creados para retener soberanía, capital y poder no se activan porque están en manos de los apóstoles y beneficiarios del modelo público-privado, que en realidad lo que hace es un trasvase de rentas de la administración a las manos privadas de amigos y socios. En todos los sectores, el servicio que ofrece esa red de empresas, la excusa dogmática para privatizar, se desploma.

Lecciones para todo el mundo

Esta deriva también tiene una lectura política, porque esa inercia socioeconómica coincide con el proceso del fin de la violencia de ETA. En un primer momento este nuevo tiempo genera gran ilusión en casi todo el mundo. Las FSE, la derecha española, el lehendakari Iñigo Urkullu y la red clientelar vasca expresan reticencias. Ante la evidencia de que no se va a poder seguir actuando como antes y la hipótesis de que pronto habrá alternancia en las instituciones, con la experiencia de Gipuzkoa como alarma, el establishment esprinta. Quienes plantean otra gobernanza son liquidados. La actividad especuladora y de blindaje es frenética. Sus hipotecas durarán lustros.

La obsesión de los gobiernos del PNV y el PSE por frenar los cambios y cerrar el paso a los soberanistas de izquierda facilita que las estructuras empresariales sigan con su explotación. Sin embargo, la sociedad se harta de estas maneras de funcionar. Además de todo, porque no funcionan para la ciudadanía.

El escándalo de Euskaltel y su contexto es tan paradigmático de los errores e intereses que han propiciado la decadencia de las estructuras vascas de poder que quienes quieran transformar el sistema deberán estudiarlo bien. Incluso quienes quieran sostenerlo deberían admitir que este desastre es inaceptable.