Cuando el euskara necesita una renovada política lingüística que sustituya las fórmulas agotadas y recupere impulso social, que esté blindada ante las injerencias y los ataques, que la sitúe ante los retos de futuro, el debate político en el Parlamento de Gasteiz reproduce dogmas antiguos para ponerle freno. 

        
Sin perder demasiado tiempo, conviene desnudar las mentiras y ponerse a trabajar en serio.     

Dogmas de ayer y de hoy

Cuando alguien dice que hay que mantener al euskara fuera del debate político, suele querer decir que no considera que la supervivencia y el desarrollo de la lengua vasca sean una prioridad. Si lo dice un político, la sentencia es doblemente sospechosa, porque el «debate político» debería ser su principal instrumento para solucionar los problemas de la sociedad. 

  
Los lingüistas dicen que es mentira que el euskara sea más difícil que otros idiomas de aprender. Eso sí, para algunos parece más difícil de defender que otras lenguas. Por ejemplo, en Catalunya y en Galicia el conocimiento de ambas lenguas cooficiales es requisito para acceder al empleo público, no solo un mérito. Es decir, el PSC y el PP entienden que las personas que trabajan en sus administraciones deben ser capaces de emplearse en las dos lenguas oficiales, porque están al servicio de la ciudadanía, que tiene el derecho a ser atendida en su idioma. En Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa, los partidos y los sindicatos de obediencia estatal ponen en duda ese derecho. Incluso lo subordinan a un abstracto «derecho al trabajo».

En el Estado español, el castellano siempre es un requisito, lo que anula el perverso argumento de «¿qué prefieres, un médico que sepa euskara o que sepa medicina?», puesto que habrá médicos que no hablan castellano y son grandes facultativos, pero no pueden trabajar en estas administraciones.

Siguiendo con esa lógica, el «derecho al trabajo» no es independiente de la formación. No existe el derecho a trabajar de médico para las personas que no han cursado medicina. 

Las Ofertas de Empleo Público, con sus pliegos, indican que el derecho a trabajar para la administración está sujeto a múltiples condicionantes legales y profesionales. Escindir de estos las capacidades lingüísticas es una decisión política. ¿Legítima? Discutible, pero quizás sí. Ahora bien, es tan indefendible desde un punto de vista intelectual y ético, que nadie oficialmente la sostiene. Eso introduce un elemento de deshonestidad en el debate. Tanto es así, que algunos prefieren que los jueces le hagan el trabajo sucio.

Adaptarse a «la realidad sociolingüística» no supone entender esa realidad como un fenómeno natural, como si la diferencia en el conocimiento del euskara entre un municipio y otro respondiera a cuestiones atmosféricas. La razón principal de la pérdida del euskara en muchas zonas es la persecución que ha sufrido históricamente, especialmente en el franquismo. Hasta aquí, los hechos. 

En lógica democrática, adaptarse a la realidad sociolingüística debería implicar promover más el euskara allí donde más difícil lo tiene. Esto sí que es discutible, pero difícilmente rebatible si se acepta como principio rector que el euskara requiere de especial protección para su desarrollo, lo que se debe traducir en políticas públicas sostenidas, eficaces y blindadas ante quienes están en contra del euskara. 

Negociar en serio y el tiempo que haga falta

En principio, en términos generales, PNV y EH Bildu están de acuerdo en estas ideas. Semejante supermayoría –el 72% de la Cámara de Gasteiz– debería ser capaz de traducirse en una política lingüística consensuada, ambiciosa, realista y eficaz. No es tiempo de pedir una abstención de balde y por caridad, como han demandado los jeltzales a los soberanistas de izquierdas. Que negocien en serio, cuanto haga falta. 

Conviene que las normas sobre el euskara tengan en cuenta los intereses y miedos de la minoría que en este tema representan en Gasteiz PSE, PP y Sumar. Menospreciar sus posturas es un error. Deben negociar, como el resto, sin más recursos que sus argumentos y su fuerza democrática. Lo que no se les puede conceder es el derecho a veto.