La sesión de ayer del curso de la Universidad Complutense de Madrid patrocinado por la Secretaría de Paz y Convivencia del Gobierno de Lakua contó con la presencia de tres jueces del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Los tres coincidieron en la necesidad de poner fin a las medidas excepcionales aplicadas a los presos y presas o detenidos vascos, que posibilitan vulneraciones de los derechos humanos.

Los tres jueces defendieron la eliminación de las políticas de excepción con aseveraciones como que la justicia no es venganza, lo que no es sino el reconocimiento de que el Estado español así la ha impartido para combatir a la disidencia vasca. La dispersión de los presos y presas, las penas «extraordinariamente altas, desproporcionadas» o la detención incomunicada se han venido justificando por la alarma que creaba la actividad armada de ETA. Sin embargo, es de suponer que un Estado de Derecho no debe responder a una vulneración de la ley con otra. Y si hoy día esas medidas no tienen justificación alguna, tampoco la tenían en otro contexto político. Del mismo modo, las condenas internacionales de la detención incomunicada a las que se refirió uno de los ponentes también se producían en el contexto anterior, pero eran –y son– sistemáticamente ignoradas.

La invitación por parte de uno de esos jueces a una reflexión constructiva contrasta con el mensaje inmovilista de quienes se aferran a un ciclo pasado y se resisten incluso al cumplimiento de la legalidad al que ayer se aludió en la Complutense, junto al respeto a las víctimas. El incumplimiento de la legalidad ha sido y es patente; en cuanto al respeto a las víctimas, si un simple acto de recibimiento a una persona que ha cumplido su condena es considerado una afrenta a las víctimas, en la misma lógica, ¿no lo es que Juan Carlos de Borbón, siendo aun jefe del Estado, organizara una comida de despedida a la que fue invitado el exministro de Interior José Barrionuevo, condenado por el secuestro de Segundo Marey, llevado a cabo por los GAL? Ciertamente, es necesaria una reflexión constructiva.