El juego sigue causando importantes estragos
Ayer se celebró en la UPV-EHU una jornada sobre el juego en la que se presentó el informe "Prevalencia, hábitos y perfiles de las personas jugadoras en Euskadi" elaborado por el Observatorio Vasco del Juego. El documento concluye que alrededor de 28.000 personas, el 1,3% de la población total de la CAV, tiene algún grado de trastorno relacionado con el juego. De ellas, unas 2.000, el 0,1%, presenta un desorden grave. Una cantidad nada desdeñable, sobre todo si se consideran los calamitosos efectos que suele tener esta adición, no solo en la propia persona, sino también en el entorno social y familiar.
El documento contiene datos de interés sobre el perfil de los jugadores. Así, por ejemplo, la proporción entre hombres y mujeres es similar, pero el tipo de juego difiere bastante: mientras los hombres se inclinan por las apuestas deportivas y máquinas tragaperras, y juegan en solitario, las mujeres prefieren los juegos tradicionales y generalmente juegan con familiares. Unas diferencias que probablemente hagan menos vulnerables a la adicción a las mujeres. Por otra parte, el informe señala que el juego online está mucho más extendido entre las juventud, en cambio el juego presencial prevalece entre los mayores de 45 años. El factor de la apuesta está presente, pero la motivación difiere con la edad: los jóvenes juegan más por diversión mientras los mayores lo hacen por tradición. El control de acceso a los locales ha logrado controlar la edad de inicio tanto en el juego presencial como en el online. A falta de datos más actuales, se recoge que en 2018 la CAV estaba tercera en gasto a nivel estatal con un 11% –casi el doble que su peso poblacional–, y en online estaba a la cabeza.
En sus conclusiones el informe defiende que conocer mejor este fenómeno servirá para «derribar ‘mitos’, ‘prejuicios’ y clarificar los escenarios tanto para el sector empresarial, las administraciones públicas, como la opinión pública». No es lo mismo aclarar escenarios que intereses, ni reducir daños que beneficios. Son los intereses y los beneficios, públicos y privados, los que distorsionan una realidad lacerante para miles de personas y los que dificultan políticas más eficaces.