El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aprovechó su comparecencia del pasado sábado para proponer una reedición de los conocidos como los «Pactos de la Moncloa». Fueron realmente dos, denominados «Acuerdo sobre el programa de saneamiento y reforma de la economía» y «Acuerdo sobre el programa de actuación jurídica y política», y se suscribieron en pleno proceso de reforma del régimen franquista iniciado con la desaparición física del dictador. Supusieron un jalón importante en tanto que alinearon a las principales fuerzas políticas y sociales españolas, además de a los nacionalistas de derechas vascos y catalanes, para una operación política que pretendía la homologación del Estado español con las democracias burguesas occidentales sin que ello supusiera una quiebra de sus principios. Podría decirse que fue el primer programa de la reforma franquista para cerrar el paso a la ruptura democrática que anhelaban numerosos sectores populares en todo el Estado, con más ahínco aún en Euskal Herria.

Resulta toda una declaración de intenciones que el presidente español haya desempolvado esa referencia histórica para hacer frente a la profunda crisis abierta por el coronavirus. En un momento en el que una gran mayoría reconoce que, a raíz de lo que ha mostrado a las claras el colapso sanitario, las cosas tal como las hemos conocido hasta ahora debieran cambiar, no puede sino calificarse de insólito que se vuelvan a plantear fórmulas políticas ancladas en fundamentos del pasado, previstas para acotar y restringir más que para avanzar y progresar.

El debate de cómo encarar las próximas décadas estaba abierto mucho antes de la crisis del coronavirus, en el Estado español, sumido en su propia crisis, y en Euskal Herria, y el mismo debe abordarse desde unas premisas más abiertas y ambiciosas, desde una mayor democracia que reconozca derechos y no los limite, para que los pueblos y sus gentes puedan tener una vida digna y libre.