Malas noticias para quienes, contra toda evidencia, siempre se empecinaron en negar la tortura en Euskal Herria. Los vascos, los españoles y los franceses. Para aquellos que, como distingue el forense Francisco Etxeberria, «no se lo pueden creer» y los que «no se lo quieren creer». Para quienes aún sostienen que Mikel Zabaltza se ahogó al tirarse al río con las manos esposadas, que a Gurutze Iantzi le dio un infarto porque le tocaba, que Unai Romano se deformó el rostro al chocar con una puerta, que Igor Portu acabó en la UCI por un forcejeo, que «aztnugal» es la firma habitual de Patxi Arratibel... Esta realidad oficial paralela, tan dramáticamente absurda tantas veces, tiene las horas contadas. Por primera vez una institución como el Gobierno de Lakua se dispone a publicar un estudio que no solo va a reconocer esta práctica, sino también a medirla como lo que ha sido: una realidad general, no puntual. El último refugio de los negacionistas será quizás aferrarse a esto, alegar que en ocasiones (apenas una decena, ¿un 0,2%?) sí ha habido sentencias que han reconocido maltratos, pero la reciente cadena de condenas europeas ha desnudado también esta argucia. No hay más condenas por una razón bien sencilla: el Estado español no investiga las denuncias.

El Gobierno del PP es consciente de que la gran mentira toca a su fin. Y por eso hay algo de desesperación en los intentos de tapar hasta el final cualquier resquicio por el que entre el aire fresco de la verdad; lo refleja la burda acometida del ministro de Interior pidiendo castigo para el juez José Ricardo de Prada por reconocer la tortura, atropellando la más elemental separación de poderes. Es lógico que estén nerviosos. Saben que la revelación oficial de esta lacra deja tocada también una mentira aún mayor: la de que en este país no ha existido más violencia que la ejercida por ETA. Y que en consecuencia su película de buenos y malos también llegará al «the end» con ese estudio.