En 1999, cuando se empezó a negociar el tratado entre la Unión Europea y Mercosur, Bill Clinton era el presidente de EEUU, en Uruguay mandaba Julio María Sanguinetti, en Hego Euskal Herria José Antonio Ardanza entregaba la makila a Juan José Ibarretxe y Miguel Sanz arrancaba su segunda legislatura como lehendakari. Otro cálculo: ese año nacía GARA, y el de hoy es el periódico número 9.766. Es decir, los cambios en ese periodo son salvajes, y ahora se han acelerado.

Tanto es así, que un tratado que respondía a las lógicas de la globalización y el multilateralismo se firma cuando esos dogmas se tambalean. Con la lucha por la hegemonía con China como telón de fondo, Donald Trump ha declarado el continente americano su área de influencia y Europa un ente subordinado e irrelevante. La geopolítica ha desatascado la negociación. El acuerdo tiene riesgos innegables y alguna oportunidad potencial. Es malo, pero abre un eje de cooperación que puede insuflar autonomía a Europa.

Una lista interminable de taras y poco margen

El pacto firmado ayer entre la UE y los socios del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) supone institucionalizar la mayor zona de libre comercio del mundo, que afecta a más de 700 millones de personas –o, como los llaman los promotores en un acto de sinceridad, «consumidores»–. Se eliminarán el 90% de los aranceles del comercio bilateral.

Originariamente, los países americanos exportarían alimentos y los europeos productos industriales. No obstante, en 2026, eso tiene muchos matices.

Precisamente, Luiz Inácio Lula da Silva ha sido el principal impulsor del acuerdo. Uruguay, liderado por el Frente Amplio, también lo apoya. Las cláusulas que han negociado atenúan la raíz extractiva del pacto, incluyendo elementos de soberanía y margen para políticas de desarrollo industrial.

Sin embargo, respecto al sector agropecuario, Mercosur impulsa la agricultura y ganadería industriales. Ese modelo concentra beneficios en corporaciones frente a los intereses de pequeños productores a ambos lados del Atlántico. Es un ataque a la soberanía alimentaria, vital para la viabilidad de los pueblos.

El acuerdo tiende a rebajar estándares sociolaborales, sanitarios y ambientales, afectando a la competencia, la seguridad alimentaria y la ecología. Alarma la utilización de pesticidas, hormonas y antibióticos nocivos para la salud. Por ejemplo, el 52% de las sustancias autorizadas para cultivar el maíz en Brasil y Argentina están prohibidas en la UE. En medio de la emergencia climática, la industria agropecuaria produce emisiones de gases de efecto invernadero muy altas. El transporte incrementará la huella de carbono. Este comercio alimentario es ilógico.

Asimismo, el aumento de exportaciones agrícolas puede fomentar la deforestación, sustituyendo bosques por pastos y monocultivos. Esta dinámica acelera la pérdida de biodiversidad, una de las claves de la emergencia climática, según la comunidad científica.

Los mismos mandatarios europeos que están desmantelando los planes para la transición ecológica utilizan una retórica «ambientalista» en este acuerdo para disfrazar sus intereses o sus renuncias. Hay que criticar duramente el espíritu neoliberal que mueve estos pactos y la falta de transparencia democrática.

En el marco europeo, con políticas públicas eficaces y de la mano de la comunidad científica, se debe implementar la transición ecológica y denunciar el retardismo. Esto es compatible con una política industrial activa. Hay que hacer una apuesta estratégica por la soberanía alimentaria y apoyar al primer sector. Asimismo, esa agenda socioeconómica debe ir acompañada de iniciativas para la cooperación internacional, en favor de la autonomía estratégica, en defensa del multilateralismo y de la soberanía.