Los partidos que sostienen el Gobierno de Nafarroa han presentado 83 enmiendas al proyecto de presupuestos con el objeto de modificar diferentes aspectos del mismo, en consonancia con el acuerdo programático firmado al principio de la legislatura. Entre todas destaca la que plantea dejar sin efecto el convenio que mantenía el Gobierno con la Clínica Universitaria del Opus Dei, en virtud del cual cerca de 7.000 personas –entre trabajadores de la Universidad de Navarra y sus hijos– eran atendidos en la Clínica Universitaria, servicio por el que esta cobraba 5,1 millones anuales de los presupuestos públicos.

Una propuesta valiente que termina con una situación discriminatoria para los habitantes de Nafarroa, puesto que segregaba a los trabajadores al asignarles unos servicios médicos u otros en función del lugar de trabajo, cuando lo lógico sería que fueran tratados en una u otra clínica dependiendo de los problemas de salud que padezcan. De este modo, además, se duplican las infraestructuras sanitarias a cuenta de los presupuestos públicos. Realidad que resulta todavía más grave en un contexto de profunda crisis económica en la que los recursos públicos son escasos. A pesar de las graves discriminaciones que comporta mantener un acuerdo de este tipo con una entidad privada, el convenio se justificaba argumentando que la Clínica Universitaria descargaba a la sanidad pública de atender a un importante colectivo de personas. Lo que en realidad ocurría es que la clínica del Opus Dei se aseguraba una clientela fija para el mantenimiento de su negocio privado que así, además, era financiado con dinero público.

Los adalides del liberalismo más extremo siempre encuentran un resquicio a la sombra del Estado para apropiarse de los recursos públicos sin ninguna clase de competencia, mientras continúan predicando las bondades del libre mercado. Lo público se prestigia y se mejora eliminando privilegios y discriminaciones.