El serial sobre la investigación abierta contra el exrey español Juan Carlos de Borbón por el cobro de comisiones ilegales ofreció ayer un nuevo capítulo. Al parecer, la Fiscalía informó al fugado acerca de las investigaciones abiertas antes de que este regularizase preventivamente su situación ante la Hacienda estatal. En términos jurídicos, la secuencia de los hechos tiene su relevancia: Juan Carlos de Borbón regularizó su situación –al menos de la parte investigada– para desactivar la causa penal que podría abrirse en su contra. Sin embargo, esta estrategia se va al traste si se demuestra que la Fiscalía avisó al afectado previamente, porque la regularización solo sirve para evitar la acción penal si quien la realiza ignora que está siendo investigado.

El debate, falsamente técnico, que se abrirá ahora versará acerca de si el aviso de la Fiscalía fue lo suficientemente claro y explícito como para mantener la acción penal. Fuera de ese debate tan formal como fantasioso, resulta ingenuo pensar que todo un exrey, el padre del actual monarca, no hubiese sido advertido de lo que venía.

Que la causa penal pueda seguir adelante es una buena noticia en sí, pero centrar el debate en esos términos refleja, probablemente, lo lejos que está este caso de provocar  un terremoto real en el statu quo español. Ni la inviolabilidad del Rey –que ha permitido a Juan Carlos hacer y deshacer durante décadas, y que según parece ofrecerá la misma impunidad a su hijo Felipe–, ni mucho menos la existencia misma de una institución retrógrada, anacrónica y antidemocrática como la monarquía parecen estar encima de la mesa en el debate público español. Y sin embargo, si no es ahora, ¿cuándo? El alcance limitado de los escándalos relacionados con la figura del exmonarca da la medida de las opciones de cambio real en el marco español, y urge a priorizar una agenda propia con la República vasca en el horizonte. Aquí ya existen las mayorías para tumbar la monarquía.