Acabado el plazo de inscripciones, el Departamento de Seguridad de Lakua informó ayer de que 4.812 personas se han presentado a las oposiciones para ocupar 473 plazas de la Ertzaintza y 177 de diferentes policías municipales. Del total de opositores, más de 3.000 son hombres. La policial sigue siendo una vocación mayoritariamente masculina, lo que nos habla del imaginario que sigue acompañando a este sector de la función pública. Evidentemente, es algo que después tiene sus consecuencias en la labor policial del día a día.

Otro punto que llama poderosamente la atención es que más de un tercio de los candidatos no puede acreditar ningún perfil lingüístico de euskara. De hecho, el porcentaje de candidatos con el C1 y el C2 no llega al 12%. Hay que tener cuidado, porque los relatos también se construyen con lecturas interesadas de datos como estos. Por ejemplo, que nadie se extrañe si de aquí poco escuchamos que muchos aspirantes a ertzaina ven cerrado el paso por la «kaparrada» que dan algunos con el euskara, siguiendo la infausta expresión que recientemente acuñó el secretario general del PSE, Eneko Andueza. La realidad funciona más bien al revés. Porque de los mismos datos cabe concluir que una de cada tres de estas personas no es capaz de ofrecer el servicio público al que se postula en la lengua propia del país. ¿Qué mimbres son esos para un trabajo tan delicado? ¿Qué clase de policía de cercanía puede uno aspirar a ser sin dominar una de las lenguas oficiales del territorio en el que va a prestar servicio?

La ofensiva generalizada de los últimos años contra el euskara tiene uno de sus pilares en las sentencias judiciales que, gota a gota, van eliminando la lengua de los requisitos en ofertas públicas de empleo, pero en su base, además de una euskarafobia galopante, también hay una concepción tan errónea como extendida de lo que es la función pública. Nadie tiene derecho a ser ertzaina, ni a ser funcionario de cualquier tipo. De hecho, la ecuación es la contraria: es la ciudadanía la que tiene derecho a ser atendido por la administración pública en la lengua propia del país.