La empresa que gestionaba el vertedero de Zaldibar, Verter Recycling, dio ayer su versión sobre lo ocurrido los días previos al colapso del vertedero que sepultó a Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán y cuyos restos todavía no han sido localizados. En su relato, los responsables de la compañía trataron de justificar los pasos que dieron y las decisiones que tomaron antes de que se produjera el fatal derrumbe.
La empresa explicó en un comunicado que los técnicos detectaron una situación anómala, pero sin indicios de que fuera a producirse un derrumbe inminente. Según su informe, las grietas se identificaron el día 3, al día siguiente se hizo un estudio, cuyos resultados recibieron un día más tarde, el 5. El día 6, Geyser, la ingeniería encargada de la supervisión, tras una primera lectura de los resultados propuso la convocatoria de una reunión con varios ingenieros especializados para, precisamente, un día más tarde. Este cónclave no llegó a celebrarse porque ese mismo día el vertedero se desmoronó. Al parecer, no era inminente que se produjera un desplome, pero al mismo tiempo la situación era lo suficientemente grave como para que se invitara a ingenieros especializados a un encuentro. Por otra parte, tampoco era un problema tan urgente, pero se decidió convocar una reunión para el día siguiente. Resulta bastante contradictoria esa falta de urgencia y la celeridad con que se fueron tomando decisiones.
La empresa tiene derecho a defenderse como mejor considere, aunque ceñirse a los hechos es posible que redunde en beneficio de todas las personas perjudicadas y de la sociedad en general. Porque en este caso no solamente está en cuestión la actuación de la empresa, sino también el contexto administrativo que permitía que se acumularan irregularidades mientras el Departamento de Medio Ambiente, dirigido por Iñaki Arriola, las minimizaba y dejaba hacer. Clarificar ahora todos los extremos de lo ocurrido servirá para construir un futuro más seguro.