Negar la evidencia para obtener ventaja política ha sido una máxima del Estado contra la izquierda abertzale desde hace décadas. Como ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja patentó la etiqueta «tregua-trampa» en 1998 contra el alto el fuego de ETA tras Lizarra-Garazi; su sucesor Alfredo Pérez Rubalcaba impuso «verificaciones» a la tregua de 2006 a sabiendas de que todo estaba acordado con su propio Gobierno en el «punto cero», y en 2009 maniobró políticamente y judicialmente para intentar desacreditar el incipiente giro de la izquierda abertzale; el lehendakari del PSOE, Patxi López, tomó un tren lejano cuando sabía que ETA iba a concluir su lucha armada...

Estaba ciertamente difícil, pero la Audiencia Nacional bate ahora el récord en este continuo desatino al seguir debatiendo hoy si la organización se ha disuelto o no, algo que desde la ciudadanía vasca hasta la comunidad internacional saben indubitadamente hace ocho meses. El empecinamiento de algunos jueces del tribunal especial, que no todos, encaja plenamente en la actitud de una Justicia estatal prepotente, anacrónica, decadente, incomprensible, podrida: la misma Justicia que no ve agresión en la violación de La Manada, que catapulta a terrorismo una riña en un bar de Altsasu o que encarcela por rebelión violenta a los líderes del procés, ¿cómo no va a atreverse también a poner en tela de juicio que ETA no exista?

Tiene, además, sus propios intereses para ello. El inmediato, que subyace en la tergiversación de la realidad de esos autos que hoy difunde GARA, es mantener a toda costa las medidas de excepción a los presos vascos, insostenibles hoy desde cualquier consideración que asuma que ETA se disolvió y lo hizo además con la adhesión explícita de la gran mayoría de esos militantes. El interés más al fondo es el de su propia supervivencia: admitir que ETA puso fin a su ciclo es comenzar a asumir que a la Audiencia Nacional también le llega la hora de disolverse.