Un informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales dado a conocer ayer constata que existe un déficit de plazas residenciales en Hego Euskal Herria. Según las conclusiones del documento, faltan 7.216 plazas, 6.643 en la CAV y 582 en Nafarroa, para alcanzar la ratio de cinco plazas por cada cien personas mayores de 65 años. Como todas las ratios, esta también es un estándar en cierto modo arbitrario. Sin embargo, cuando se revisan las tasas de ocupación de esas plazas, se descubre que en Nafarroa es del 83% –un uso relativamente alto, cercano a la media de Estado–, mientras que en la Araba, Bizkaia y Gipuzkoa apenas alcanza el 70%. Esta baja ocupación indica que el déficit teórico en la CAV no parece excesivamente dramático.

Conviene subrayar, asimismo, que aunque hay un importante número de plazas públicas tanto en Nafarroa como en la CAV, en ambas predomina la gestión privada de las residencias. En Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, el 91% de las plazas están gestionadas por empresas privadas. Un modelo de gestión que contrasta con que la financiación sea mayoritariamente pública. En la CAV, por ejemplo, el 75% de las plazas recibe recursos públicos, mientras que en Nafarroa, la proporción es sensiblemente menor, alcanzando solo el 59%. Estos datos evidencian que la gestión de la atención a las personas mayores está en su mayor parte privatizada, lo que se traduce, por una parte, en fuente de importantes conflictos laborales en un sector en el que predominan las trabajadoras; y, por otra, en denuncias de las personas usuarias por falta de atención o atención deficiente. Son las consecuencias de mezclar un servicio público con la búsqueda del beneficio privado.

Por último, el documento señala que existe una estrategia para favorecer que las personas dependientes permanezcan en su hogar, lo que reduciría la necesidad de plazas residenciales y mejoraría el trato. Este cambio exige reforzar los servicios de atención domiciliaria, donde apenas ha habido cambios. Humanizar la asistencia a las personas mayores exige al sector público un fuerte compromiso político.