Hacer frente a la pandemia exige hablar con claridad

Como se esperaba, el Gobierno español aprobó ayer un nuevo estado de alarma. El camino seguido por Moncloa es digno de señalar: dejar que todo se deteriorase hasta que fuesen las propias comunidades autónomas –entre ellas las que más criticaron el centralismo del primer estado de alarma– las que reclamasen la medida de excepción, ante la evidencia de que en «el Estado más descentralizado de Europa», los Gobiernos de Iruñea y Gasteiz no pueden tomar por si solos las medidas que quisieran para proteger la salud de su gente. Otro debate es si, visto lo visto, quienes gobiernan algunas de esas instituciones priorizan la salud de los ciudadanos por encima de otras consideraciones.

El estado de alarma viene para quedarse, y la voluntad de Sánchez de lograr el apoyo del Congreso para alargarlo hasta el 9 de mayo encendió ayer algunas alertas lógicas. Sánchez pide un importante cheque en blanco y esa petición no se corresponde con el discurso optimista y tranquilizador que quiso trasladar. La brecha entre el discurso público –también en la CAV– y la realidad de los datos y de unas medidas cada vez más restrictivas es sorprendente.

Esa petición de alargar el estado de alarma hasta mayo habla de las previsiones reales que debe manejar el Gobierno español. Puede que la situación epidemiológica requiera la adopción de medidas restrictivas de las libertades –se están tomando en otros muchos lugares de Europa–, pero estas limitaciones exigen que se actúe con total transparencia, que se ponga encima de la mesa la situación real y las expectativas con las que se trabaja. Es igualmente chocante que apenas se hable ya de los esfuerzos por adelantarse al impacto del coronavirus mediante el refuerzo del rastreo y de la Atención Primaria, entre otros; pareciera que las autoridades se hubieran resignado a una nueva ola que solo podrá superarse con el sacrificio exclusivo de la sociedad, sin necesidad de más estrategias hasta que llegue la vacuna, nadie sabe cuándo.

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