El lehendakari Imanol Pradales concretó ayer algunas de las diez propuestas que ha trasladado al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, con el objetivo de atenuar las consecuencias de la inflación provocada por la guerra desencadenada por EEUU e Israel contra Irán. Todas ellas, desde la eliminación del impuesto a la generación eléctrica a la rebaja del IVA de la factura eléctrica, tienen que ver con rebajas fiscales que permitirían aliviar la carga de la inflación de hombros de la ciudadanía y de las empresas. Eso sí, a costa de cargarla sobre las arcas públicas.

La inflación, en general, eleva la recaudación fiscal a través de los impuestos indirectos, por lo que las administraciones tienen margen para aliviar la presión sobre los hogares y la economía productiva, que sufren injustamente los efectos de los delirios de Donald Trump y Benjamin Netanyahu. Pero hay que subrayar que los gobiernos tienen más recursos en su caja de herramientas, algunos de los cuales resultan más que pertinentes para hacer frente no ya a las consecuencias directas de la subida del precio del petróleo, sino a los ejercicios especuladores que a menudo les acompañan. Que la gasolina y algunos alimentos empiecen a subir sus precios el mismo día en que comienzan los ataques no responde al súbito encarecimiento de las materias primas, sino a la codicia. De lo contrario, bajarían sus precios tan pronto como acabasen las hostilidades, pero todo el mundo sabe que no lo harán. Estas subidas son fruto de unas dinámicas especulativas a las que hay que responder con otros instrumentos, como el control de precios y las sanciones a quienes elevan el precio por encima del mercado. No son decisiones revolucionarias, son medidas que ya están en vigor en países del entorno.

Proteger la economía real, tanto la de los hogares como la de las empresas productivas, es innegociable, pero eso no significa tener que premiar con rebajas impositivas a quienes aprovechan la coyuntura para sacar mayores beneficios. Para que sean justas y efectivas, las medidas fiscales deben ir acompañadas de actuaciones firmes que frenen en seco los procesos especuladores que acompañan estos procesos.