Instrumento de una cruel obcecación

La condena de Santiago Arrozpide a 17 años de prisión es la última muestra de la utilización de los presos vascos como instrumento político por parte del Gobierno de Madrid con los aparatos del Estado a su servicio. Una muestra más pero especialmente demostrativa de la saña con que intentan, hasta la ilegalidad tramposa, alargar las condenas de esos presos. Tras cumplir íntegramente su condena, Arrozpide fue puesto en libertad el pasado 4 de diciembre por orden de la Audiencia Nacional en virtud de la decisión marco de 2008 de la Unión Europea sobre acumulación de penas cumplidas en otro estado, si bien según el cómputo de la propia Audiencia Nacional debería haber abandonado la prisión casi dos años antes. Mes y medio después de su puesta en libertad, volvió a ser encarcelado como consecuencia de la presión mediática y política encabezada por el ministro español de Interior.

A sabiendas de que una nueva condena, encuadrada en las mismas causas y el mismo tiempo que las que le impusieron anteriormente, no tendría efecto práctico, la Audiencia Nacional volvió a hacer uso de su «ingeniería jurídica» para encarcelar a una persona que acababa de salir de prisión después de 27 años. Así, la Audiencia se adelantaba a la decisión del Tribunal Supremo de no aplicar la decisión marco de la UE y dar por buena la reforma legal que el PP, tras el apercibimiento de Europa, aprobó alevosamente con el fin de evitar la aplicación de la norma europea. Ahora, y tras la decisión de la Audiencia Nacional de ni siquiera consultar al respecto a Europa, Arrozpide se encuentra a la espera de la conclusión de un proceso que, al igual que ocurrió con la doctrina 197/2006, se podría alargar durante años. Años de prisión para decenas de ciudadanos vascos que legalmente deberían estar en libertad.

Otra evidencia del grado de cruel obcecación de un entramado político y judicial que se aferra con uñas y dientes a una actitud que responde a supuestos réditos políticos y excluye cualquier intento de resolución justa y racional. Estado de derecho, lo denominan.

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