Desde que el Ayuntamiento de Donostia prohibiera las cenas solidarias, la Policía Municipal se dedica con celo a garantizar dicha prohibición, presionando a voluntarias que reparten bocadillos a gente sin hogar, identificándolas y amenazándolas con sanciones económicas. Lo contaba ayer la voluntaria de KAS Samiñe Irigoien ante los micrófonos de NAIZ Irratia. Una intimidación y criminalización que también denunciaba la red ciudadana Donostia Harrera contra sus voluntarios y contra las personas sin hogar que han sido objeto de desalojos por medio de amenazas e incluso rotura de pertenencias. Donostia Harrera informó, además, de la muerte en nueve meses de varias personas que no tenían dónde pernoctar. 

Conseguir un recurso estable supone para esas personas un recorrido de trámites burocráticos que se puede alargar hasta dos años. Pero esa es la solución que ofrece el Ayuntamiento, el cual negará, por supuesto, cualquier vestigio de aporofobia en su proceder; sin embargo, los propios motivos que aduce para la prohibición de las cenas no disipan las dudas al respecto, sino todo lo contrario. Resulta que ni las personas sin hogar ni quienes deciden aliviar su situación tienen derecho a la utilización del espacio público mientras otras muchas lo tienen sin límites. A ningún particular que come un bocadillo en un espacio público se le prohíbe por problemas de trazabilidad, pero sí a quienes los preparan para quien está necesitado. Las cenas solidarias no amenazan la seguridad en mayor medida que cualquier otra actividad habitual, pero solo las cenas se prohíben y ni siquiera se contemplan medidas que, en cualquier caso, no conlleven la cancelación. 

Difícilmente tienen justificación la intimidación de personas que por diversas circunstancias se han visto abocadas a una situación penosa y la criminalización de quienes desinteresadamente hacen una labor que, si algo merece, es el elogio y el apoyo sin matices de la sociedad de la que son ejemplo ético. Sin olvidar que hacen un servicio público, paliando evidentes carencias de las instituciones, cuya prioridad es invisibilizar una realidad que así no desaparece y, además, se agrava.