Hoy comienza en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco el juicio contra Hasier Arraiz por la causa abierta a raíz de la operación de Segura. Ocho años más tarde, 35 personas fueron juzgadas por ese sumario en la Audiencia Nacional, en un proceso que terminó con un acuerdo entre las partes, por el que los encausados aceptaron unas condenas que les permitían eludir la entrada en prisión. Los términos del acuerdo abrían un camino para terminar con esta clase de juicios con un claro impulso político.

Arraiz, por su condición de aforado al ser parlamentario, no fue entonces juzgado. Ahora, la negativa de las acusaciones a suscribir un acuerdo en términos similares a los alcanzados en el tribunal especial fuerza un juicio de desarrollo incierto, un nuevo proceso contra un militante independentista. El rechazo al acuerdo, en este caso por parte de DyJ, que a su vez ha arrastrado a la AVT, puede ser consecuencia directa de la escandalera que algunos sectores levantaron tras el primer pacto; los protagonistas sabrán los motivos de su actitud. Sin embargo, este tipo de maniobras son repudiadas y resultan incomprensibles para cada vez más sectores Al respecto, son elocuentes las declaraciones que hizo ayer la secretaria general del PSE, Idoia Mendia, en las que abogaba por que el TSJPV mantenga coherencia con lo acordado en la Audiencia.

Cinco años después de que ETA declarara el ceso definitivo de la lucha armada, un nuevo tiempo se abre camino en Euskal Herria. A pesar de ello, continúan presentes, siempre en la misma dirección, las inercias del pasado, pero ya nadie las entiende: ni los dirigentes políticos, ni mucho menos la ciudadanía que desde hace tiempo se mueve en claves mucho más constructivas. Toca, por lo tanto, acabar con estos procesos judiciales de naturaleza política que tienen poca defensa pero siguen causando daño, político y humano. En este caso, que las consecuencias del disparate sean lo menos lesivas posibles está en manos de quienes han insistido en sentar en el banquillo a Arraiz.