La apatía institucional se cobra vidas obreras

Dos personas más murieron ayer en sendos accidentes laborales en la construcción: un trabajador de 59 años en las obras de renovación del polideportivo de Urnieta y otro de 54 años en la obra de una vivienda en Amurrio. Con ellos ya son al menos 51 las personas que han muerto en Euskal Herria en accidentes laborales en lo que va de año, algo más de una persona por semana. Una estadística trágica e inaceptable sobre la que apenas se habla más allá del ámbito sindical y, mucho menos, se adoptan medidas contundentes.

Es más, la mayoría de las veces las propuestas que se debaten no hacen sino aumentar el peligro de nuevos accidentes. Así, por ejemplo, el pasado viernes otro trabajador de 56 años murió atrapado por una máquina en una bodega de Eltziego, con lo que los tres últimos fallecidos en su puesto de trabajo han sido personas mayores para las que la experiencia acumulada no ha sido suficiente bagaje con el que compensar la posible pérdida de agilidad y reflejos asociada a la edad. A pesar de ello, el Gobierno español sigue insistiendo en alargar la edad de jubilación. Esa merma en las facultades se hace mucho más evidente y peligrosa a medida que aumentan los ritmos de trabajo y se prolonga la jornada laboral con más horas extra. Un fenómeno que acaba de ser denunciado en Petronor, una empresa solvente en la que año tras año se supera el límite de horas extraordinarias permitidas por ley. Una política empresarial que denota un compromiso social nulo en un país en el que las cifras de desempleados siguen siendo escandalosas, y que además resulta inhumana para la plantilla, ya que el cansancio aumenta exponencialmente el peligro de que ocurran accidentes laborales graves. Pero las autoridades que deberían tomar cartas en el asunto siguen sin hacer nada.

Solo con que las instituciones públicas hicieran cumplir la legislación laboral existente, muchos trabajadores tendrían mayores garantías de algo tan básico como poder regresar con vida del tajo a casa.

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