Un joven vizcaino de 28 años murió en una celda de Zaballa el 19 de enero. Nada se ha sabido del luctuoso suceso hasta ayer, cuando la asociación de apoyo a las personas presas, Salhaketa, denunció esta nueva muerte en prisión. El hecho de que hayan pasado diez días sin que ninguna instancia haya informado sobre esta muerte resulta bastante elocuente sobre el lugar que ocupa la prisión en nuestra sociedad y lleva a preguntarse cuántos sucesos similares ocurrirán sin que lleguen a trascender.

Solo después de que se hiciera pública la denuncia, Instituciones Penitenciarias, responsable en última instancia de la custodia de las personas privadas de libertad, dio su versión sobre la muerte del joven. Una actitud que refleja claramente que el Estado sitúa a las cárceles en el margen exterior de la sociedad. No se puede entender de otra forma que no considere necesario notificar a la ciudadanía un hecho trágico como es el fallecimiento de un preso. Una posición que denota irresponsabilidad y que, además, abre importantes espacios para la impunidad, puesto que si no se estima necesario informar, mucho menos considerara investigar lo sucedido, más allá de cumplir ciertas formalidades. Todo ello conduce a preguntarse sobre las verdaderas condiciones de vida en las prisiones, sobre el respeto a los derechos humanos de las personas presas, sobre su derecho a la vida y a la salud. Y el hecho de que la mayor preocupación de Instituciones Penitenciarias haya sido buscar a la familia para que se incinere el cadáver y así evitar posteriores autopsias revela claramente el cinismo con el que se gestionan las cárceles en el Estado.

El escritor ruso Feodor Dostoyevski también pasó por la cárcel, una experiencia que le llevó a aseverar que el grado de civilización de una sociedad se puede medir por el trato que da a sus presos. Un criterio que desde luego no deja en buen lugar al Estado español. La cárcel debe dejar de ser el borde oscuro de la sociedad.