El consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, anunció ayer que la renovación de la Ley de Aportaciones se aplazaba sin fecha. Sorprendió, sobre todo, cuando la víspera el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, se mostró confiado en que se alcanzaría un acuerdo. Las razones alegadas por el consejero para justificar el retraso suenan a excusa para salir del paso. Como atinadamente recordó el PP, la Ley del Cupo no guarda relación con el reparto interno de recursos que es de lo que se estaba negociando con esta ley. En cuanto a la Ley Municipal, lleva aprobada desde abril y si bien es cierto que el Gobierno de la CAV es nuevo, también es verdad que la matriz es la misma que la del anterior ejecutivo, lo que lleva a pensar que el lema del lehendakari Iñigo Urkullu de «trabajar duro» no deja de ser más que eso, un simple lema.

En cualquier caso, lo lógico hubiera sido que el consejero –en un necesario y sano ejercicio de transparencia– hubiera aportado alguna explicación a la ciudadanía sobre cuáles son los puntos sobre los que existen discrepancias, de modo que la opinión pública pudiera formarse un criterio sobre el particular. La verdadera razón del silencio estriba en que los desacuerdos son una cuestión mucho más prosaica de lo que a primera vista pudiera parecer: no es más que una pelea entre todos para asegurarse unos pocos fondos más a costa del resto.

Después de haber establecido un plazo y haber anunciado la proximidad del acuerdo, la espantada de ayer evidencia un entramado institucional fraccionado en mil pedazos, con cada vez más reinos de taifas y cada vez menos controles democráticos, en el que ni siquiera el partido que ostenta la mayoría del poder institucional es capaz de establecer criterios unitarios en temas clave. Enfrascado en la gestión diaria del poder, el PNV vaga sin dirección. No tiene un proyecto de país que vaya más allá de lograr la gestión de unos pocos recursos más.