La conexión interesada entre inmigración y cobro indebido de ayudas sociales es un binomio cada vez más presente en la agenda política vasca. El último en poner el tema sobre la mesa ha sido el presidente del PP alavés, Javier De Andrés, al anunciar que su partido planteará que los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) demuestren en el plazo de cinco años el conocimiento de una de las dos lenguas oficiales de la CAV (castellano ¡o incluso euskara!). Obviamente se trata de un requisito que puede cumplir cualquiera que lleve tal tiempo residiendo en un país, lo que deja aún más en evidencia que el objetivo del PP no es el que expresa la propuesta en su literalidad, sino otro aún más retorcido: hacer suya la bandera contra la integración, explotando dudas, miedos y tópicos.

No es la primera vez que el PP lanza este tipo de iniciativas xenófobas, y tampoco es el único partido político partícipe en esta perversa dinámica. A la batalla en torno a la RGI iniciada por Javier Maroto y a la que ha dado continuación su camarada De Andrés se une la reciente decisión de la Diputación de Gipuzkoa de eliminar la Ayuda de Garantía de Ingresos (AGI). Los argumentos esgrimidos por el PNV en Gipuzkoa haciendo referencia a un «flujo de migración artificial» generado supuestamente por esta AGI calcan el «efecto llamada» al que apeló Maroto cuando acusó a ciertos sectores de la población inmigrante de «vivir de las ayudas». La encuesta abierta por el Gobierno de Lakua en la página web Irekia sobre la población inmigrante es otra muestra del interés de agitar estereotipos.

Afirmaciones y falsos tópicos así además de ser injustos y fomentar la discriminación de las personas migrantes, son tremendamente peligrosos en la medida que embaucan a una parte de la población con mensajes alarmistas. Esa demagogia permite a la derecha primero desviar la atención de los auténticos desmanes con el dinero público y luego llenar sus arcas de votos. Pero no todo vale.