Más allá del morbo creado entorno al nombramiento del nuevo Gobierno español, en el que apenas hay cambios que traspasen la superficie, el Tribunal Constitucional aprovechó el ruido y la expectación generada por el secretismo del presidente, Mariano Rajoy, para dar el visto bueno a una reforma legal que pone en jaque la ya de por sí frágil arquitectura institucional del Estado español. Se trata de la reforma del propio TC aprobada por el ejecutivo de Rajoy para otorgar nuevas competencias al máximo tribunal, que ahora podrá suspender a los empleados y cargos públicos que, a su ver, desobedezcan sus resoluciones.

El TC decidió rechazar el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Gasteiz contra una reforma que Moncloa aprobó para hacer frente al devenir del proceso soberanista catalán, vista la escasa influencia que el desprestigiado tribunal tiene en tierras catalanas. A priori, no parece que la mejor estrategia para Madrid sea echar más leña al fuego, pero el Estado no da para mayores sutilezas. En este sentido, la referencia que la sentencia hace al espíritu de 1978, que según el TC no quiso un modelo constitucional «cerrado, petrificado y congelado en el tiempo», es poco más que una broma de mal gusto.

Aunque la reforma del Constitucional apunta a Barcelona (Forcadell podría ser la primera víctima), afecta a toda iniciativa que se enfrente al Estado; también a las que llegarán desde Hego Euskal Herria. Es, por tanto, una cuestión de soberanía; pero también, simple y llanamente, de democracia. Estamos hablando de que un tribunal político (no es un órgano del Poder Judicial), que tiene como presidente a un exmilitante del PP, ostenta la potestad de suspender a cargos democráticamente elegidos. La involución democrática del Estado español sigue su camino cuesta abajo y sin frenos, y no parece que el ejecutivo anunciado ayer por Rajoy vaya a aportar remedio alguno.