Lejos de ser una simple y cara anécdota, lo ocurrido con el fraude de la tortilla de récord es una muestra de la forma de actuar de Javier Maroto, basada en que la realidad y los propios compromisos y responsabilidades no le impidan utilizar todo aquello que pueda en beneficio publicitario y electoral propio. Salvando el trecho existente entre un gasto tan ostentoso como estéril y una iniciativa que incita a la xenofobia contra los magrebíes, entre el fallido Guinness y la ILP para endurecer la RGI hay varios puntos en común: el uso de datos falsos para generar una ficción que condicione la opinión ciudadana, el empleo de medios públicos en beneficio personal, la no asunción de las propias responsabilidades (el contrato firmado con la Capitalidad Gastronómica o la Ley de RGI aprobada en 2011 por el PP) y el intento final de hacer recaer sobre otros los errores de uno mismo.

Esta ILP sobre la RGI fue en todo momento un ardid electoral de Maroto (que, paradójicamente y a la postre, se volvió contra él como un bumerán, siendo el aglutinante para descabalgarlo de la alcaldía de Gasteiz). En su articulado no se contemplan medidas para corregir las supuestas irregularidades que denunciaba, sino que únicamente pretende endurecer las condiciones de acceso, pensando sobre todo en limitar las ayudas a inmigrantes. Es ese trasfondo xenófobo y la tergiversación de un instrumento como la ILP lo que ha hecho que todos los grupos se unan hoy de nuevo contra este enorme fraude del PP.

No significa eso que la RGI no precise de reformas, la primera de ellas para recuperar los recortes que sufrió. Habrá también que adecuarla a las nuevas necesidades y agilizar la tramitación tanto en la concesión como en su revisión continua y permanente. Y hay que fiscalizar los abusos existentes. Todo eso obliga a dotar al servicio de más personal y mayor presupuesto, lo que se podría conseguir actuando en serio allí donde de verdad se pierde el dinero público: en el fraude y la elusión fiscal.