El Ayuntamiento de Sestao deberá pagar 1,1 millones de euros a la empresa multinacional que viene encargándose de la limpieza de varias dependencias municipales desde 2019 sin que medie contrato en vigor. Se trata de un acuerdo extrajudicial que desde el Consistorio califican de «beneficioso». Lo es si pensamos que, de llegar a juicio, la cifra probablemente se elevaría a los dos millones, pero hay que cuidar el lenguaje empleado, porque tener que pagar más de un millón de euros por una negligencia manifiesta no es precisamente una bicoca.

El contrato formal acabó en 2019, tras lo cual la empresa –la multinacional ISS– siguió prestando los servicios al precio convenido en el contrato caducado. Pidió que el Consistorio sacase de nuevo a concurso el contrato o que, en su defecto, actualizase los precios, debido a los costes crecientes de los servicios prestados. El Ayuntamiento, gobernado por el PNV durante este tiempo, no hizo una cosa ni otra hasta el año pasado. La empresa decidió acudir a la vía judicial y, ahora, para evitar la condena que una auditoría externa dio por segura, han acordado abonar 1,1 millones de euros. A todo esto cabe sumar una gestión opaca donde las haya, ya que ha tenido que ser la oposición encabezada por EH Bildu la que, tras detectar anomalías, haya pedido las explicaciones pertinentes, primero en comisión y luego en pleno. Una vez aflorado el caso, la concejala delegada de Servicios Públicos, Rosa del Palacio, del PSE, ha dado detalles sobre lo sucedido, reconociendo que es un tema «de calado» y descargando las responsabilidades sobre las espaldas de sus antecesores, todos ellos del PNV. De hecho, en los anteriores equipos de Gobierno estaba también el actual alcalde, Gorka Álvarez, que asumió el cargo en 2023 tras perder cuatro de los once concejales que tenía.

El resumen del caso es un compendio de cómo no gobernar un ayuntamiento y se viene repitiendo en varios consistorios gobernados por el PNV, especialmente en Bizkaia. Es un modelo en el que se dan cita una pésima gestión en detrimento de las arcas públicas, una falta de transparencia hacia la ciudadanía y una nula asunción de responsabilidades.