La Ponencia del Parlamento de Gasteiz sobre la Iniciativa Legislativa Popular contra el fracking aprobó ayer el triple filtro contra esa técnica consistente en el cambio de las leyes de Suelo y Urbanismo y de Aguas, así como en la exigencia de una evaluación ambiental estratégica para cualquier plan que conlleve fractura hidráulica. Se trata de una buena noticia en sí, porque supone un notable impedimento legal para el uso del fracking en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Pero también es una buena noticia en tanto en cuanto es fruto de la presión social, del trabajo y la movilización popular.

Nafarroa y Gasteiz son ejemplos recientes de la importancia de esa movilización, y también de su efectividad. Las fuerzas políticas partidarias del cambio han contribuido a este proceso acompañando, sosteniendo y poniendo al servicio del mismo su masa militante y su altavoz en las instituciones. Pero la protagonista y motor del mismo ha sido la ciudadanía, que no solo ha dejado traslucir su enfado hasta hacerlo palpable en el ambiente, sino que además ha marcado la agenda política. Como lo ha hecho contra el fracking, con un sinfín de protestas o con una Iniciativa Legislativa Popular avalada por más de cien mil firmas.

Ayer, por otro lado, resultó llamativa la actitud del PNV. No tanto su reticencia a aprobar medidas contra esa técnica como su indisimulado enfado tras no conseguir rebajar las aprobadas. Achacó ese enfado a un supuesto interés electoral por dejar solo a su partido, que extendió a la constitución de los ayuntamientos el pasado sábado. Todo para justificar su ambigüedad, su alejamiento de una demanda ciudadana sensata y lógica. Son ellos los que se han aislado.

El caso del fracking ofrece lecciones interesantes sobre la relación entre la presión social, el movimiento popular y las instituciones. Cuando se trabaja bien y, cada cual desde su ámbito, se logra aunar voluntades y sensibilidades diversas en torno a intereses comunes y comunitarios, esa conjunción de luchas y perspectivas es muy eficaz.