Lo sucedido en torno a las conversaciones entre el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y el responsable de la Oficina Antifraude de Catalunya, Daniel De Alfonso, establece el nivel de depravación política del Estado español. A estas alturas, inmerso en una crisis económica lacerante en extremo –que es negada oficialmente pese a los datos objetivos y subjetivos que la evidencian–, con el partido en el Gobierno encausado por corrupción –pero ganando elecciones, como probablemente ocurra hoy, y sin un compromiso firme del resto de fuerzas para establecer un cordón sanitario alrededor suyo–, con la monarquía regenerada de la manera más burda –una vez blanqueadas sus responsabilidades–, con un corpus represivo feroz –que sitúa la discrepancia al nivel de la insurgencia–… en el Estado español no es fácil superar el umbral del escándalo político. Asimismo, el enfoque habitual de las polémicas resulta siempre demagógico, tendente a lo anecdótico, por lo que la farsa se suele imponer en el debate público. Así ha ocurrido en este caso.

Objetivamente, tanto las propias conversaciones como la reacción a las mismas son inauditas e inaceptables, escandalosas. Es cierto que la petición de dimisión ha sido unánime; tan unánime como obviamente baldía. La dimensión del escándalo, no obstante, trasciende con mucho a la figura de un ministro, incluso de uno tan impresentable como Fernández Díaz.

En un estado de derecho normal, indicios tan claros de una conspiración para desacreditar al adversario político y si es necesario construir pruebas falsas para imputarlo, de la creación de células de espionaje político dedicadas a hacer informes falsos, de complots para minar el sistema de salud o las telecomunicaciones de cualquier territorio, de planes para desbancar a líderes de otros partidos y poner en su lugar a personas afines, de una red de periodistas y medios dispuestos a divulgar esas informaciones falsas… por sintetizar algunas de las cosas que se mencionan en esas conversaciones en sede ministerial –otro agravante–, supondrían el cese inmediato y la toma de declaración por parte de la Policía judicial a quienes conforman ese entramado. Deberían estar detenidos. Aquí la única acción al respecto ha sido la visita de esa Policía a la sede del medio que aireó las grabaciones, 'Público', para exigir que se las entregasen ¡sin ni siquiera presentar orden judicial!

Sí, aunque recitado de carrerilla suene delirante, resulte irreal y sería descartado por cualquier dramaturgo o guionista por excesivo, todo esto ha sucedido esta semana en España. En el contexto de unas elecciones, además, y los protagonistas son un ministro del Interior en funciones y un juez en excedencia al cargo de un organismo oficial para prevenir el fraude.

Democracia e independencia

Esas conversaciones son el reflejo de la conjura antidemocrática de todo un Estado. Si de ellas se infiere un gorilismo desacomplejado y consentido, la reacción de sus protagonistas cuando se hacen públicas sus intrigas resulta insólita por su desvergüenza, su chulería y, sobre todo, porque transmiten una conciencia de absoluta impunidad. Se trata de gente que se jacta de castigar a su ciudadanía hundiendo la Sanidad pública porque no piensan y sienten como ellos, por no sentirse españoles y no querer seguir siendo ciudadanos de segunda en un Estado que los maltrata a sol y sombra. Fernández Díaz y De Alfonso son esa clase de gente, son la clase dirigente española. Son el fruto de la Transición española y de la concertación entre sus élites.  

No son estas las primeras maniobras sucias por parte del Estado contra el independentismo catalán o vasco, ni mucho menos son las más graves (ahí están los GAL, las torturas, la «ingeniería jurídica», la excepcionalidad en su conjunto). Pero son burdas como pocas.

El objetivo de las maquinaciones del Estado pone en evidencia a qué tienen miedo las élites autoritarias del Estado español: temen a la sociedad civil catalana, al proceso de institucionalización de esa nación, a los representantes de la misma, a sus alianzas. Le tienen pánico a la gente votando por la libertad, por la independencia. Tal y como resumía este mismo viernes David Fernández en un vídeo [https://goo.gl/zziAmt], «o hay una vía democrática a la independencia o habrá una vía independentista a la democracia». Es en Catalunya y Euskal Herria donde existen opciones de crear ese impulso democrático. Cada paso en esa vía, cada ejercicio, desde el mayor al más pequeño, hará más grande la brecha con un Estado estructuralmente antidemocrático.